La causa judicial que investiga a Facundo Moyano por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género sumó este lunes tres declaraciones testimoniales clave. Ante la fiscal Florencia Nocerez se presentaron Silvia González, Alison Gómez Vega y Nadia Cabrera, integrantes de la fuerza policial que intervinieron en la vía pública durante la madrugada del 4 de agosto, cuando Candela Arizaga fue asistida tras el incidente y el dirigente gremial resultó demorado.
En su exposición, la oficial González relató que encontró a la joven de 23 años “desvanecida sobre el asfalto, entre un colectivo y el cordón”, en un estado de desorientación temporoespacial compatible con un cuadro de intoxicación, por lo que solicitaron asistencia urgente al SAME. A su turno, la agente Gómez Vega detalló que la joven se encontraba abrigada con la campera que le había facilitado el primer efectivo interviniente y que únicamente aportó sus datos personales antes del traslado hospitalario, mientras que la tercera agente señaló haber visto a Moyano gesticulando a varios metros del lugar.
Las declaraciones se integran a la reconstrucción originada por el oficial inspector Ezequiel Ríos, quien al intervenir inicialmente consignó en el acta que la joven le había manifestado haber sido golpeada y mantenida retenida contra su voluntad, dichos que ratificó posteriormente en sede judicial. Si bien Arizaga luego negó haber formulado esas manifestaciones —atribuyendo su estado a un cuadro de delirio y consumo— y la defensa de Moyano insiste en que el policía falseó el reporte inicial, las tres agentes confirmaron el contexto de intervención de aquella madrugada sin contradecir las actuaciones asentadas en el sumario.
Con más de 15 testimonios recabados, la fiscalía avanza en la etapa final de instrucción. Fuentes judiciales señalaron que el expediente se encamina hacia el procesamiento del exdiputado y su posterior elevación a juicio oral, sustentado de manera central en la ratificación testimonial del oficial interviniente y en las conclusiones del informe interdisciplinario de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que constató una marcada asimetría de poder en el vínculo de pareja. Mientras tanto, se mantiene vigente la orden de restricción perimetral de 300 metros hacia Arizaga.
