La resolución judicial se produjo en respuesta a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de los menores de edad. De este modo, quedó congelada temporalmente en suelo bonaerense la aplicación de la Ley 27.801, la cual establece la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y que había entrado en vigencia a nivel nacional el último sábado, con su posterior reglamentación por parte del Ejecutivo central.
“Yo aplico la justicia restaurativa, que tiene que ver con restaurar los vínculos y que los jóvenes se responsabilicen y vuelvan a su comunidad siendo ciudadanos y no pibes chorros”, aseveró Pascual. Al cruzar las críticas dirigidas hacia la decisión del fuero penal juvenil, la magistrada enfatizó en la falacia de vincular la norma de manera directa con un alivio inmediato de la delincuencia: “No romantizo a los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Con esta ley no vamos a crear más seguridad”.
En el cuerpo principal de los fundamentos, el escrito cuestiona severamente si las instituciones de la provincia reúnen las pautas operativas mínimas acordes a las exigencias internacionales de derechos humanos en materia de niñez. Según se argumenta en el fallo, la reforma derivará en un incremento crítico en la población carcelaria juvenil y en la extensión de sus permanencias, lo que desembocaría en un inevitable hacinamiento que potencia los focos de violencia en los propios institutos.
Frente a la encrucijada institucional, la jueza remarcó que el encierro represivo carente de contención pedagógica o médica termina generando el efecto contrario al deseado por la sociedad. “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, puntualizó, señalando la necesidad de contar con mecanismos sólidos antes de poner en marcha las modificaciones normativas.
Como parte del procedimiento trazado en la resolución, el juzgado citó a los funcionarios del Poder Ejecutivo bonaerense del área de Niñez, Justicia y Seguridad a una audiencia clave fijada para el próximo 16 de septiembre a las 10 horas. En dicho encuentro, los representantes gubernamentales deberán dar explicaciones detalladas sobre las medidas adoptadas, las proyecciones de gestión y los plazos estipulados para adecuar el sistema mientras rige la suspensión temporal de la norma.
