Las pesquisas judiciales se iniciaron a partir de las alertas institucionales emitidas por los responsables de la pensión del club de Avellaneda, donde residen los adolescentes que viajan desde el interior del país para integrarse a las categorías formativas. Según consta en el expediente, los acusados aprovechaban el desarraigo familiar y las necesidades económicas de los jóvenes para iniciar los acercamientos virtuales.

El modus operandi detectado en los chats y redes sociales

La recolección de evidencia digital y el peritaje técnico sobre las conexiones de red permitieron reconstruir la metodología utilizada por los imputados, quienes operaban mediante múltiples identidades falsas en plataformas de mensajería:

Los sospechosos entablaban conversaciones con los menores ofreciéndoles dinero, indumentaria o beneficios materiales a cambio de establecer vínculos de dependencia. En las transcripciones de los chats analizados por la fiscalía, se detectaron propuestas para que las propias víctimas actuaran como intermediarias, ofreciéndoles pagos extras por cada compañero de la pensión que lograran sumar al circuito de contactos.

Además, el esquema incluía exigencias y presiones psicológicas para forzar la producción y el envío recíproco de contenidos con connotación sexual explícita, utilizando aplicaciones diseñadas para borrar rastros. Los investigadores comprobaron que los implicados utilizaban la falta de recursos o de alojamiento de los futbolistas durante los fines de semana —días en que no había actividad deportiva regular— para intentar pactar encuentros presenciales fuera de las instalaciones del club.

Peritajes informáticos y avance del proceso penal

Para lograr la localización de los sospechosos, las brigadas de cibercrimen solicitaron informes técnicos a las empresas de telecomunicaciones y rastrearon el flujo de las billeteras virtuales utilizadas para los pagos. Durante los allanamientos simultáneos en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires, los agentes secuestraron teléfonos celulares, computadoras, discos rígidos y material informático que ya se encuentra bajo análisis forense.

La fiscalía interviniente imputó formalmente a ambos detenidos por los delitos de grooming y corrupción de menores. Los acusados permanecerán bajo arresto preventivo mientras la Justicia avanza en la apertura de los dispositivos incautados, con el objetivo de determinar el alcance total de la red y establecer si existen víctimas pertenecientes a otras instituciones deportivas.