El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) oficializó la exoneración de la ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias Virginia Aparicio, disponiendo la desvinculación formal del organismo tras más de dos décadas de desempeño y estableciendo su inhabilitación para ejercer cargos en la administración pública nacional.

Aparicio, quien se desempeñaba en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce y como científica adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), estuvo al frente de la coordinación en el país del Proyecto SPRINT (Transition towards Sustainable Crops and Healthy Society). La investigación, desarrollada a través de un consorcio internacional financiado por la Unión Europea junto a diez naciones de ese continente, evaluó la presencia y distribución de residuos de plaguicidas tanto en el ecosistema (suelo, aire, agua y alimentos) como en matrices biológicas humanas (sangre, orina y materia fecal) en productores, trabajadores rurales y vecinos del sudeste bonaerense.

Entre los principales resultados alcanzados, el estudio constató la coexistencia de múltiples formulaciones químicas y halló trazas de glifosato en la orina de más del 80% de los participantes examinados, lo que encendió alertas sanitarias y socioambientales.

El trasfondo del conflicto

Las tensiones entre la cúpula del organismo y la científica se visibilizaron a mediados de 2023. En junio de ese año, las autoridades ordenaron suspender un taller comunitario en el que se preveía restituir los informes individuales y colectivos a los voluntarios que participaron de los muestreos. Posteriormente, el INTA determinó la salida unilateral de la Argentina del consorcio internacional y avanzó con un sumario administrativo contra la investigadora.

En el dictamen oficial, el organismo justificó la sanción en presuntas faltas administrativas vinculadas a la administración de los fondos provistos por el convenio europeo, el traslado de muestras biológicas a laboratorios de Europa sin las autorizaciones formales pertinentes y el manejo de datos de carácter reservado. Si bien el propio texto admitió la inexistencia de beneficio o enriquecimiento patrimonial indebido por parte de Aparicio, consideró que los hechos configuraron un incumplimiento grave a los deberes de funcionario público.

Denuncian censura y persecución

Por su parte, la defensa de la investigadora, respaldada por gremios como APINTA y ATE, así como por redes de profesionales y asambleas ambientales, rechazó de plano las acusaciones y calificó al proceso disciplinario como una maniobra de aleccionamiento contra la producción científica independiente.

Desde el sector remarcaron que el procesamiento de las muestras en laboratorios europeos respondió estrictamente a que los centros locales no disponían de la tecnología requerida para detectar determinados metabolitos, que las gestiones se enmarcaban en el acuerdo original del proyecto y que la exoneración busca silenciar las evidencias empíricas sobre las consecuencias socioambientales del esquema agroindustrial vigente.