“Todas las personas que trabajamos en discapacidad estamos en alerta”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la preocupación no es nueva: “Ya desde el año pasado, cuando se intentó avanzar contra la ley de emergencia que hoy está vigente, venimos siguiendo de cerca estas iniciativas”.

Sueldo advirtió que la propuesta podría generar una desregulación del sistema actual, especialmente en lo que respecta al nomenclador que fija valores mínimos para las prestaciones. “Este nomenclador existe desde 1997 y garantiza un piso. El nuevo proyecto abre la puerta a que todo quede librado a la oferta y la demanda, y eso pone en riesgo el acceso a las terapias”, explicó.

En ese sentido, señaló que actualmente muchas obras sociales nacionales presentan demoras o incumplimientos en los pagos, lo que ya afecta el funcionamiento de centros terapéuticos. “Las familias están inquietas y las personas con discapacidad no están recibiendo las terapias que necesitan para su calidad de vida”, afirmó.

Otro de los puntos cuestionados es la situación de las pensiones, que —según detalló— podrían quedar por debajo de la línea de indigencia. “Estamos hablando de ingresos que no alcanzan ni siquiera para cubrir necesidades básicas”, indicó, y agregó que también se prevén nuevas auditorías que obligarían a las personas a revalidar su condición médica. “Es absurdo que alguien con una discapacidad permanente tenga que volver a demostrar su situación”, cuestionó.

Además, Sueldo alertó sobre el contexto sanitario actual: “Hoy tenemos más personas en el sistema público de salud que con obra social, y ese sistema está saturado. Es imposible sostener nuevas exigencias en estas condiciones”.

Desde el Consejo Municipal de Discapacidad confirmaron que se encuentran realizando presentaciones y articulando acciones con otros organismos a nivel provincial y nacional. Asimismo, convocaron a la comunidad a involucrarse en el reclamo. “Esto no tiene que ver con colores políticos, tiene que ver con la vida de las personas con discapacidad y sus familias”, enfatizó.

En esa línea, anunció que el próximo 29 de abril se realizará una asamblea abierta en el Centro de Información Pública de Comodoro Rivadavia, donde se definirán estrategias y posicionamientos frente a la iniciativa.

“Hoy nos rige una ley que fue sancionada por el Congreso y respaldada por la Justicia. Lo que corresponde es garantizar su cumplimiento”, concluyó.