El Gobierno nacional expresó este martes un enérgico repudio al documento “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”, publicado recientemente por el Reino Unido con el propósito de respaldar a empresas que operan comercialmente en el archipiélago. Desde el Palacio San Martín advirtieron que “ninguna guía gubernamental extranjera” puede ubicarse por encima del derecho internacional ni de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
En el marco de la estrategia diplomática, la Cancillería citó a los embajadores del Reino Unido y del Estado de Israel para hacerles entrega de notas formales de protesta. El eje del reclamo apunta contra el avance del proyecto offshore “Sea Lion”, emplazado en la Cuenca Malvinas Norte, impulsado por las operadoras Rockhopper Exploration (británica) y Navitas Petroleum (israelí). Las autoridades nacionales remarcaron que estas acciones vulneran la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, la cual prohíbe modificaciones unilaterales en la zona mientras continúe pendiente la solución definitiva de la disputa.
Asimismo, desde el Ejecutivo ratificaron la vigencia de las leyes N° 26.659 y 26.915, reforzadas por el Decreto N° 868/2026, las cuales establecen severas sanciones penales y administrativas para toda compañía, inversor o proveedor que intervenga sin autorización en la Plataforma Continental. Según detalló la cartera exterior, ya se cursaron cerca de 180 intimaciones a firmas de 30 países, se abrieron 60 expedientes administrativos y se radicaron tres denuncias penales contra diez corporaciones y sus directivos.
