En medio de la preocupación por reiteradas amenazas en establecimientos educativos, el Gobierno de Chubut confirmó que los padres de menores involucrados podrían enfrentar multas millonarias. La medida se sustenta en el Código Civil y Comercial de la Nación, que establece la responsabilidad de los tutores por los actos de sus hijos.

El eje del planteo oficial es el artículo 1754, que habilita a trasladar las consecuencias de estas conductas del ámbito escolar al civil. De esta manera, los costos derivados de operativos policiales, intervención de peritos y despliegue de emergencias podrían ser reclamados a las familias como resarcimiento económico.

Según antecedentes en otras provincias, los montos pueden variar significativamente. En distritos como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, las sanciones han oscilado entre los 3 y los 16 millones de pesos, dependiendo de la magnitud del operativo desplegado ante amenazas falsas.

El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz, advirtió que este tipo de situaciones no deben ser minimizadas. “Hay que desterrar la idea de que se amenaza y no pasa nada”, expresó, al tiempo que remarcó que las intimidaciones, incluso en forma de pintadas o mensajes, generan consecuencias legales tanto para los menores como para sus responsables.

En el marco de la investigación, se realizaron 11 allanamientos en distintas localidades. Uno de los datos que más llamó la atención de las autoridades fue el desconocimiento de muchos padres sobre la actividad digital de sus hijos, especialmente en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

En Puerto Madryn, la Justicia ya avanzó con la imputación de un menor por intimidación pública, aunque sin detención efectiva. Los adolescentes involucrados permanecen vinculados a causas penales impulsadas por el Estado provincial.

Desde el ámbito educativo, las amenazas generaron un fuerte impacto, con ausentismo y preocupación en las familias. Además, se trabaja en la aplicación de protocolos que buscan reducir la difusión de estos episodios para evitar el “efecto contagio” entre estudiantes.

Por otro lado, el área de ciberseguridad cumplió un rol clave en la identificación de los responsables. Las autoridades remarcaron que el anonimato en internet no garantiza impunidad y que el objetivo de estas medidas es también reforzar el rol de control y acompañamiento de los adultos en el entorno digital.

Si bien aún no se formalizaron imputaciones contra padres en la provincia, todo indica que el esquema de sanciones económicas avanza como herramienta para desalentar este tipo de conductas y evitar la sobrecarga de los servicios de emergencia.