La causa se inició tras la difusión de audios atribuidos al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde mencionaba supuestos pedidos de “retornos” a laboratorios proveedores de la droguería Suizo Argentina, dirigidos a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

La investigación, a cargo del fiscal Franco Picardi, incluyó allanamientos en las oficinas de la ANDIS y en los domicilios de los acusados: los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, Spagnuolo y Daniel Garbellini, ex funcionario del organismo, señalado como quien “manejaba la caja”. Además, se secuestraron los celulares de los imputados y se les prohibió salir del país.

En paralelo, Casanello procesó al jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, por presunta obstrucción de la justicia, tras dificultar los allanamientos y alertar a Jonathan Kovalivker para que evitara el procedimiento en el barrio La Isla.

Por otra parte, la ONG Poder Ciudadano fue aceptada como querellante. En su presentación, la organización destacó que “los hechos que se investigan en el presente caso sin lugar a dudas resultan comprensivos de los intereses colectivos que Poder Ciudadano ha de representar”.

Con la prórroga del secreto de sumario, los imputados seguirán sin acceso al expediente mientras la investigación continúa y Casanello evalúa los planteos presentados por los accionistas de Suizo Argentina relacionados con la nulidad de la causa y la eventual cosa juzgada.