El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno y fraude procesal. La jueza Sandra Heredia sostuvo que la medida tiene aplicación “inmediata” para evitar que el exmandatario pueda eludir la pena y abandonar el país.

Además de la condena, Uribe fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años y deberá pagar una multa equivalente a unos 837 mil dólares. La defensa del líder del partido Centro Democrático adelantó que impugnará el fallo, al que califican de “politizado”.

Durante la lectura del veredicto, se produjeron momentos de tensión. “¿Se puede callar, señor Uribe?”, le dijo la jueza Heredia cuando el expresidente interrumpió su intervención para defender a su familia. “Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”, respondió Uribe.

La investigación se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por haber difundido testimonios de paramilitares que lo vinculaban con grupos armados ilegales. En 2018, la Corte Suprema de Justicia dio un giro en el caso y comenzó a investigar al expresidente por manipulación de testigos.

Según la sentencia de 1.114 páginas, la condena se compone de 91 meses por soborno en actuación penal, a los que se suman 29 meses más por concurso de delitos. A esto se agregan 104 meses por fraude procesal, aunque se establece como delito base el soborno.

Mientras tanto, la defensa prepara una apelación que deberá ser resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá antes del 16 de octubre. Si no hay resolución en esa fecha, el proceso podría ser archivado.

El partido de Uribe convocó a marchas para el 7 de agosto en defensa de “un hombre inocente”, mientras que desde sectores del oficialismo celebraron la condena como un paso importante en la historia judicial de Colombia. “El país debe tener claro que no nos mueve un afán de venganza, nos mueve un afán de justicia, de verdad, que son el camino hacia la reconciliación”, expresó la senadora María José Pizarro.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro fue denunciado por abogados de Uribe ante una comisión de la Cámara baja, acusándolo de “hostigamiento y calumnia”. La defensa del exmandatario sostiene que Petro profirió acusaciones infundadas durante la semana.

El caso tendrá impacto en el escenario político rumbo a las elecciones presidenciales de 2026, en las que el Centro Democrático aspira a volver al poder.