La mañana de este miércoles comenzó, en los tribunales penales del barrio Roca, el debate ante un tribunal de jurados populares en una causa por robo agravado y privación ilegítima de la libertad. El juicio tiene como imputados a Néstor Leonori, Leonardo Martearena y Martín Ojeda, en un proceso presidido por la jueza técnica Raquel Tassello.

Durante esta primera jornada se declaró formalmente abierto el juicio y se impartieron las instrucciones iniciales a los ciudadanos que integran el jurado popular. Posteriormente, las partes expusieron sus respectivos alegatos de apertura y comenzó la recepción de la prueba testimonial con la declaración de los primeros testigos de una causa que se extenderá, en principio, hasta el próximo viernes 22 de mayo.

El hecho ocurrido en 2024

Para refrescar la memoria sobre la causa que hoy se juzga, el hecho bajo investigación ocurrió la noche del 6 de junio de 2024 en Km 8 y Restinga Alí. Según la hipótesis de la fiscalía, la víctima fue interceptada en su vivienda bajo engaños, trasladada bajo cautiverio a otro domicilio donde fue brutalmente golpeada y atada de manos con un cable USB, mientras los atacantes le reclamaban con armas el presunto robo de una plantación de marihuana.

Posteriormente, los agresores se dirigieron a la casa familiar de la víctima, donde amenazaron a su pareja y a un menor de edad con armas blancas y de fuego para sustraer plantas de cannabis y paneles de luz LED de cultivo, efectuando graves amenazas de muerte antes de huir.

Las posturas en el arranque del debate

En su alegato de apertura de este miércoles, la fiscal general Andrea Rubio ratificó que acreditará la violencia y la intimidación ejercida por la banda, calificando el hecho de forma provisoria como privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia, en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma y robo triplemente agravado por ser cometido en poblado y en banda.

Por su parte, el abogado defensor de los imputados, Guillermo Iglesias, cuestionó la teoría del Ministerio Público Fiscal y la forma en la que se produjo la prueba. La defensa sostuvo ante el tribunal popular que lejos de un asalto comando se trató de un “conflicto vecinal entre personas conocidas” y que los elementos investigados eran objetos que los imputados simplemente “fueron a buscar”, solicitando al jurado que tenga en cuenta esta versión al momento de deliberar. Asimismo, destacó que los tres acusados carecen de antecedentes penales previos.