En diálogo con La Tribuna por Radio del Mar, el abogado Roberto Castillo confirmó que la familia de Ángel logró constituirse como querellante en la causa por el crimen del niño, lo que les permitirá tener una participación activa y autónoma en el proceso judicial. Junto a Cinthia Fernández, que acompaña el caso, adelantaron que impulsarán una línea investigativa distinta a la sostenida por la Fiscalía.

Castillo explicó que esta instancia habilita al padre de la víctima a intervenir directamente en la causa, aportar pruebas y sostener su propia acusación. “Tenemos una hipótesis particular, con elementos para acreditar que Ángel fue sometido a un régimen de violencia desde muy pequeño”, sostuvo. Según detalló, esa línea difiere de la calificación provisoria del Ministerio Público Fiscal, aunque aclaró que las hipótesis pueden modificarse a medida que avance la investigación.

El letrado remarcó que optaron por exponer su postura desde el inicio “por transparencia”, para que las defensas conozcan los argumentos y puedan ejercer su derecho a defensa. “No podemos hacer justicia mediante ninguna injusticia”, afirmó.

Además, confirmó que presentaron denuncias contra profesionales del sistema que intervinieron en el caso, entre ellos una psicóloga, a quien acusan de incumplimiento de deberes de funcionario público, abandono de persona seguido de muerte y falsedad ideológica. “Había informes que no reflejaban la realidad que vivía Ángel”, señaló.

Castillo también cuestionó el funcionamiento del sistema judicial y de protección de la niñez, al considerar que hubo fallas graves en el seguimiento del caso. “Estamos atacando lo más vulnerable que tiene la sociedad. Si no protegemos a los chicos, todo el sistema fracasa”, sostuvo.

Por su parte, Cinthia Fernández explicó su involucramiento y destacó el impacto social del caso: “Es imposible que no te atraviese. Nos pasó a todos con ese video del nene. Hay un compromiso real de buscar justicia”.

Ambos coincidieron en que la investigación recién comienza y que buscarán avanzar “hasta el final” para esclarecer responsabilidades, no solo penales sino también institucionales.