El análisis del dispositivo, que estará a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), tiene como propósito principal recuperar mensajes y analizar los registros de contacto entre el testigo y el funcionario previo a su declaración en los tribunales de Comodoro Py.

Detalle de las declaraciones y la investigación

El pedido de peritaje surgió tras la exposición de Tabar bajo juramento, quien declaró que las obras en la vivienda tuvieron un costo total aproximado de 245.000 dólares y que fueron abonadas en efectivo y sin facturación entre octubre de 2024 y julio de 2025.

Durante su testimonio, el contratista mencionó haber recibido mensajes temporales a través de WhatsApp por parte de Adorni antes de presentarse ante la Justicia. Al respecto, Tabar explicó que tras una llamada telefónica en la que el funcionario le ofreció asistencia, decidió no avanzar con dicha comunicación para evitar suspicacias sobre una eventual coordinación en su testimonio.

Rechazo al pedido de detención

En paralelo a la medida sobre el teléfono, el fiscal federal Gerardo Pollicita desestimó el pedido de detención formulado por la diputada Marcela Pagano. La legisladora había solicitado la medida argumentando un supuesto riesgo de entorpecimiento de la investigación. Desde la fiscalía se indicó que, por el momento, no se verifican los requisitos legales que justifiquen esa medida cautelar ni la prohibición de contacto solicitada de manera alternativa.

El expediente continuará su curso en los tribunales federales con la recepción de nuevos testimonios. Entre las declaraciones previstas se encuentra la de Leandro Miano, hijastro de una de las personas que participó en la operación de compraventa del departamento en el barrio porteño de Caballito, transacción que forma parte del objeto de la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete.