COMODORO RIVADAVIA Y RADA TILLY  |  Viernes 12 de junio, 2026
NACIONALES

Denunciaron penalmente a Manuel Adorni por presuntas falsedades en sus declaraciones juradas

Los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro acusaron al jefe de Gabinete de omitir bienes y activos. Solicitaron que se lo investigue por el presunto delito de falsedad ideológica en documentos públicos.

Este viernes se formalizó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades y ocultamiento de información en sus declaraciones patrimoniales de los años 2024 y 2025. La presentación judicial fue radicada por los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, quienes sostienen que el funcionario omitió declarar activos y brindó datos falsos ante el Congreso.

La acusación penal se motorizó luego de que el propio coordinador de ministros reconociera de forma pública en diversas entrevistas periodísticas haber rectificado sus informes ante la Oficina Anticorrupción (OA). Los legisladores denunciantes argumentan que Adorni admitió no haber incorporado de manera original tenencias en criptomonedas, una herencia familiar en dinero en efectivo y precisiones sobre tres propiedades inmobiliarias ubicadas en Caballito, La Plata y un barrio privado de Exaltación de la Cruz.

En el escrito presentado ante los tribunales, los diputados consideraron que la posterior presentación de rectificaciones no exime al funcionario de la responsabilidad penal inicial. Para los denunciantes, las declaraciones juradas configuran documentos públicos de alta relevancia institucional y cualquier falsificación u omisión deliberada lesiona el control previsto por la Ley de Ética Pública, encuadrándose potencialmente en la figura de falsedad ideológica.

El planteo judicial también hace hincapié en que el jefe de Gabinete incurrió en contradicciones al sostener durante meses que su patrimonio estaba en regla, incluso al responder por escrito en el informe de gestión que expuso en la Cámara Baja a finales de abril. Cabe aclarar que esta nueva denuncia tramita por una vía independiente a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que ya investiga la Justicia Federal, y solicita de manera específica inhabilitar al funcionario para el ejercicio de cargos públicos si se comprueban los delitos expuestos.

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