En una sesión que comenzó al mediodía —luego de que el oficialismo lograra disipar transitoriamente la presión opositora para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni—, el cuerpo legislativo convirtió en ley la ratificación del acuerdo con los últimos bonistas que continuaban en litigio por el default soberano del año 2001. La normativa faculta al Poder Ejecutivo a cancelar un pasivo remanente de USD 171 millones con aquellos acreedores que habían quedado fuera de las reestructuraciones de deuda previas.

La votación final cosechó 139 voluntades afirmativas, aglutinando el respaldo cerrado del interbloque de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), sumado a acompañamientos parciales de bancadas provinciales como Provincias Unidas, Innovación Federal, Elijo Catamarca e Independencia. Por el carril opuesto, el rechazo sumó 97 votos negativos, concentrados mayoritariamente en las bancadas de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Desde el oficialismo, el diputado Bertie Benegas Lynch defendió el convenio argumentando las ventajas del cierre del litigio: “Se negoció una condición de quita de un 30% de este remanente; se nos exime de pagar honorarios legales; y los acreedores se comprometen a no iniciar nuevas acciones legales”. En contraste, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, fustigó la propuesta al advertir que “carece de la asignación presupuestaria que exige la Ley de Administración Financiera”.

Superado el debate de la deuda, el recinto ingresó de lleno en la segunda prioridad de la agenda oficialista: el tratamiento del proyecto para crear un “Súper RIGI”. Esta iniciativa, que cuenta con dictamen de mayoría y la defensa técnica de las comisiones económicas del oficialismo, busca obtener la media sanción para un régimen de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios de extrema ventaja. El objetivo central es captar megaproyectos de inversión extranjera y nacional con un piso mínimo de USD 1.000 millones por emprendimiento, orientados específicamente al desarrollo de polos tecnológicos y sectores productivos vírgenes en el entramado industrial argentino.

Desde los despachos de Balcarce 50 insisten en que la aprobación del Súper RIGI es la llave para disparar las exportaciones, robustecer las reservas del Banco Central y dinamizar la creación de empleo genuino a gran escala a través del fortalecimiento de las cadenas de valor locales. No obstante, el proyecto enfrenta una dura resistencia de la oposición dura. La diputada Marina Salzmann anticipó el voto negativo de su espacio al denunciar que el marco normativo propuesto “beneficiaría a unas pocas empresas aún por determinar”, cuestionando con dureza que el texto oficial no fije cláusulas estrictas que obliguen a las multinacionales a preservar los puestos de trabajo locales ni a liquidar el anclaje de sus divisas dentro del circuito financiero nacional.