El Gobierno nacional oficializó la disolución y posterior liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), mediante el Decreto 1286/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La medida establece las condiciones para la transferencia de trabajadores a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y define qué sucederá con quienes no sean incorporados.

Según la normativa, el directorio de la OSFA determinará qué puestos de trabajo necesita cubrir de acuerdo con su estructura y sus necesidades operativas. A partir de ese análisis, seleccionará al personal del IOSFA que será transferido, respetando el régimen jurídico correspondiente a cada trabajador.

En tanto, quienes no sean incorporados quedarán sujetos a una evaluación por parte del administrador encargado de la liquidación del organismo. El personal de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval que se encuentre prestando servicios en comisión o adscripción deberá regresar a su fuerza de origen.

El decreto también establece que, una vez finalizado el proceso de liquidación, las obligaciones pendientes vinculadas con los trabajadores que no sean transferidos quedarán a cargo del Ministerio de Defensa. Los agentes de planta permanente con estabilidad que permanezcan en disponibilidad continuarán bajo esa situación dentro de la cartera hasta que sean reubicados o se determine su baja.

Una crisis financiera y prestacional

La decisión se produce en medio de una profunda crisis financiera y de atención médica de la obra social militar. A principios de octubre, el Gobierno anunció que utilizaría fondos del Tesoro para cancelar una deuda estimada en 210.000 millones de pesos con proveedores y prestadores de salud, mediante acuerdos con alrededor de 2.000 acreedores.

La falta de pagos había generado dificultades en la prestación de servicios médicos y en el acceso a medicamentos para los afiliados. La deuda alcanza a clínicas, farmacias, laboratorios, profesionales de la salud y proveedores de insumos médicos, entre otros sectores.

A esta situación se suma el cierre previsto de 30 farmacias propias del organismo, cuyos establecimientos no fueron solicitados para su transferencia a la nueva estructura. La medida generó preocupación por sus consecuencias laborales y por el acceso a medicamentos, especialmente en localidades donde esas farmacias representan una alternativa de cercanía.

Incertidumbre por los puestos de trabajo

La reestructuración también contempla una reducción de la planta de personal contratado. Según la información difundida sobre el proceso, la cantidad de trabajadores contratados pasaría de unos 2.450 a aproximadamente 1.000 desde febrero de 2027.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), representantes gremiales cuestionaron las medidas y advirtieron sobre su impacto en el empleo y en la atención de los afiliados.

Con la publicación del decreto, el Gobierno formalizó las condiciones para avanzar con la liquidación del IOSFA. La continuidad laboral de parte de sus trabajadores y el alcance de las prestaciones de la nueva OSFA serán algunos de los principales desafíos de la transición.