El Gobierno de Javier Milei dio este martes un nuevo paso en su política de flexibilización del acceso a las armas en Argentina. A través de la Resolución 77/2025 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), publicada en el Boletín Oficial, se eliminó una tasa anual obligatoria y se extendió a cinco años la vigencia de las inscripciones para fabricantes, armerías y usuarios comerciales.

Firmada por el titular de la ANMAC, Juan Pablo Allan, la resolución asegura que la medida busca “simplificar trámites y reducir burocracia”. Sin embargo, en los hechos, habilita una circulación más laxa de armamento al ampliar los plazos sin necesidad de renovación ni control periódico.

La decisión forma parte del modelo de desregulación estatal que impulsa el gobierno de Milei desde su asunción, respaldado en los decretos 70/2023 y 90/2025. Según el nuevo régimen, los fabricantes de armas, talleres, recargadores de munición y legítimos usuarios comerciales podrán operar durante cinco años sin actualizaciones de su situación, a menos que informen cambios administrativos. También se eliminó el pago anual obligatorio para armerías, entidades de tiro, cazadores deportivos y usuarios colectivos.

Quedaron excluidos de la flexibilización los importadores y transportistas, cuyas actividades seguirán reguladas por el Decreto 395/75.

La medida se suma a una serie de decisiones adoptadas en los últimos meses para facilitar la compra y tenencia de armas. En diciembre, el Ejecutivo redujo de 21 a 18 años la edad mínima para adquirir armas de fuego. Luego, implementó un sistema digital exprés para tramitar permisos y, más recientemente, autorizó la venta de armas semiautomáticas de uso militar bajo el argumento de fomentar actividades deportivas.

En medio de una profunda crisis económica y social, estas decisiones reavivan el debate sobre el modelo de seguridad que impulsa el oficialismo. Para especialistas en políticas públicas, lejos de reforzar controles, el gobierno parece avanzar en un modelo armamentista que podría aumentar los riesgos para la población civil.

Mientras tanto, desde el oficialismo defienden la medida como parte de su plan de desburocratización y “libertad de mercado”, aunque sectores de la oposición y organismos de derechos humanos alertan sobre las posibles consecuencias de una mayor circulación de armas con menos controles.