El impacto de los incendios forestales en la Patagonia volvió a instalar en la agenda nacional el debate sobre cómo frenar la destrucción de los bosques nativos. En ese contexto, ingresó al Congreso un proyecto de ley que propone endurecer las sanciones, con penas de hasta 10 años de prisión para quienes cometan estos delitos de manera intencional.
La iniciativa plantea la creación de un Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo, con el objetivo de tipificar conductas que hasta ahora no estaban claramente contempladas en el Código Penal, como la tala ilegal, el desmonte y la degradación de estos ecosistemas.
Según datos incluidos en el proyecto, en la última década Argentina perdió alrededor de 2.100.000 hectáreas de bosques nativos. A esto se suma el impacto reciente de los incendios forestales en la Patagonia, donde entre octubre de 2024 y marzo de 2025 se quemaron más de 32.000 hectáreas, incluso en áreas protegidas.
Penas más duras y nuevas responsabilidades
Uno de los puntos centrales es el endurecimiento de las sanciones: se prevén penas de entre 3 y 10 años de prisión para los casos más graves, especialmente cuando exista intencionalidad o daños ambientales de gran magnitud.
Además, el proyecto amplía el alcance de las responsabilidades. No solo se penalizará a quienes ejecuten desmontes o provoquen incendios, sino también a funcionarios públicos que habiliten o participen de manera irregular en estas prácticas, quienes podrían ser inhabilitados para ejercer cargos.
También se incorporan agravantes, como fines económicos, riesgo para la vida humana o afectación a la salud pública. Incluso se contempla un aumento de pena si el daño genera consecuencias como erosión del suelo o alteraciones en el régimen hídrico.
Un intento por frenar prácticas que persisten
El proyecto es impulsado por el diputado Martín Soria, junto a Carlos Linares, Ana Marks, Alicia Kirchner, Cándida López y Adán Bahl, y busca cubrir vacíos legales que, según sus autores, persisten pese a la vigencia de la normativa actual.
En ese sentido, se establece que será delito destruir o degradar un bosque nativo incluso cuando se excedan autorizaciones o se incumplan regulaciones existentes.
Al mismo tiempo, la iniciativa pone el foco en las limitaciones del Estado para prevenir estos hechos, como los recortes presupuestarios, la menor capacidad operativa y las dificultades de coordinación entre Nación y provincias.
En los fundamentos, los impulsores advierten que el esquema actual no logra frenar estas prácticas, ya que en muchos casos las multas no resultan suficientes y la actividad ilegal continúa. Por eso, plantean que el derecho penal puede funcionar como una herramienta disuasiva.
Con este nuevo proyecto, el Congreso vuelve a debatir cómo proteger uno de los recursos naturales más sensibles del país, en un contexto marcado por incendios cada vez más frecuentes y de mayor impacto.
Fuente: EQS Notas
