La resolución, que alcanza una cifra cercana a los 3.000 millones de pesos, responde a la demanda colectiva de casi mil operarios que dejaron de percibir sus salarios tras el cese de actividades de la planta el pasado 18 de febrero.

El conflicto se originó no solo por el cierre de la unidad productiva, sino por el presunto incumplimiento de un acuerdo de estabilidad laboral firmado en mayo de 2025. Según consta en el expediente, dicho convenio garantizaba la continuidad de los puestos de trabajo hasta junio de 2026, compromiso por el cual la empresa había recibido beneficios impositivos y reducciones en cargas sociales por parte del Estado nacional.

La medida judicial tiene como objetivo principal cubrir los haberes adeudados y las costas del proceso. Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), señalaron que la empresa avanzó con el cierre a pesar de la vigencia de la conciliación obligatoria. Por su parte, desde la conducción de la firma evitaron realizar declaraciones formales sobre la notificación del embargo.