La Casa Rosada decidió postergar la presentación del proyecto de ley para implementar los juicios por jurados a nivel nacional y, en su lugar, concentrará todos los esfuerzos políticos en la redacción definitiva de la reforma integral del Código Penal. El objetivo del Poder Ejecutivo, bajo la coordinación del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, es pulir un texto sólido y consensuado que combine las propuestas de la comisión redactora con las observaciones de las distintas áreas de la gestión de Javier Milei antes de ingresarlo formalmente al Congreso.

La decisión de diferir el envío de la iniciativa de juicios por jurados responde a una cuestión de estricta lógica procesal. Desde el oficialismo consideran que, para garantizar la viabilidad y correcta aplicación de ese sistema, resulta indispensable aprobar de forma previa un nuevo Código Procesal Penal que estructure y fije las bases operativas de las futuras audiencias. Al entender que ambas reformas estructurales deben avanzar de manera coordinada, la Casa Rosada optó por ganar tiempo y evitar un desgaste legislativo prematuro.

En lo que respecta a la letra chica del nuevo Código Penal, las negociaciones internas apuntan a lograr un delicado equilibrio entre una reforma profunda y un articulado acotado que agilice su posterior aprobación en el parlamento. El borrador del oficialismo contempla un fuerte endurecimiento de las penas para una serie de delitos específicos de alta sensibilidad social, entre los que se destacan los abusos sexuales, el abuso infantil, el grooming, las denominadas “entraderas” y las estafas piramidales, además de una actualización general de diversos tipos penales.

En contrapartida, y con el fin de eludir debates ideológicos que empantanen el tratamiento en las comisiones, la Casa Rosada tomó la determinación política de no incluir modificaciones en la figura del femicidio ni alterar la legislación vigente en torno al aborto. Con este esquema de prioridades, el oficialismo busca aislar los puntos de mayor discordia para blindar el consenso político de la que consideran una de las apuestas judiciales más trascendentales de la actual administración.