Este avance busca dar una respuesta indirecta a uno de los reclamos más repetidos por los mandatarios del interior: el marcado deterioro de las calzadas nacionales tras el freno total a la obra pública. Al no utilizar fondos estatales para repararlas, la gestión de Javier Milei apuesta a un esquema sostenido exclusivamente por el cobro de peajes.

El guiño a los gobernadores

Para destrabar las tensiones con las provincias, el Ejecutivo nacional ya habilitó a distritos como Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Río Negro y Santa Cruz a tener la potestad de administrar, mantener y otorgar concesiones de obra pública en los tramos nacionales que cruzan sus propios territorios.

La aceleración de la Red Federal de Concesiones, que proyecta privatizar más de 9.000 kilómetros de rutas en todo el país, coincide temporalmente con la estrategia parlamentaria del oficialismo.

Desde el Ministerio de Desregulación se pule la letra chica de los nuevos proyectos de ley que ingresarán a las cámaras. En este escenario, la Casa Rosada sabe que el acompañamiento de los gobernadores —y, por decantación, de los legisladores que les responden— será fundamental para garantizar los votos necesarios. Con el control de las rutas sobre la mesa, el Gobierno mueve sus fichas en el momento justo de la negociación política.