Bajo la premisa de que el país se encuentra ante una “crisis institucional” producto de la gran cantidad de cargos vacantes en el Poder Judicial como en la Procuración General de la Nación, el Gobierno oficializó el Decreto que modifica los requisitos para la designación de magistrados y fiscales. El objetivo es reducir plazos e instancias “duplicadas” en el proceso y así “imprimir celeridad” a los pasos a seguir para cubrir los sillones vacíos.

Con la firma del presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 467/2026 que modifica la letra del Decreto 222 firmado bajo la presidencia de Néstor Kirchner y que estipulaba los requisitos a cumplir para dar por concluido el recorrido administrativo para la designación de un juez, fiscal e incluso sus máxima autoridades: la Corte Suprema y la Procuración General.

“La Nación atraviesa una crisis institucional derivada del elevado porcentaje de vacancias de cargos de magistrados en la justicia nacional y federal y la demora en la cobertura de los mismos”, sostiene el Decreto de la actual gestión, exponiendo las cifras sin precedentes que afronta el Poder Judicial con el 37,5% de sus sillones vacíos y con mayor gravedad, el Ministerio Público con el 46% de sus despachos sin cubrir.

Durante los dos primeros años de la administración libertaria, el Ministerio de Justicia que estuvo hasta marzo de este año, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, no remitió al Senado ninguno de los 200 pliegos que retiraron del Congreso cuando se inició la gestión.

La decisión de retener las ternas que envió el Consejo de la Magistratura como la Procuración General de la Nación, agravó la crisis de las vacancias. En los últimos tres meses, el ministro Mahiques remitió a la Cámara Alta 176 pliegos y espera a finales de este año que esa cifra ascienda a 250. Son más de 313 los pliegos acumulados en la cartera que conduce.

En el Decreto que modifica instancias de publicación, para así ganar tiempo al momento de cubrir los cargos, se explicó que la cantidad de vacantes “genera una alteración en el funcionamiento normal de los órganos jurisdiccionales de la que se deriva un importante incremento en el tiempo de tramitación de los procesos judiciales que afecta de manera directa el debido proceso y, con ello, los derechos de los justiciables”.

Con ese argumento central, el Ministerio de Justicia sostuvo entre los fundamentos del Decreto 476 que los cargos vacantes, en su gran mayoría, “corresponden a los de magistrados de tribunales inferiores, cuyo proceso de selección incluye”, un extenso y público proceso concursal ante el Consejo de la Magistratura, como la Procuración y la Defensoría General de la Nación, “con etapas de selección técnica y evaluación de antecedentes, caracterizados por la notoria publicidad de su desarrollo”.

Después de ese recorrido, tomar intervención el Poder Ejecutivo Nacional.

Lo que se modifica a partir de la publicación de este martes en el Boletín Oficial, es el Decreto 222/03 a través del cual se había establecido un procedimiento de preselección para el nombramiento de magistrados de la Corte, que se aplicaba igual a la elección del Procurador y del Defensor General.

Se trata de etapas administrativas previas a la nominación presidencial, “las cuales guardan similitud con las que, luego, se cumplen en el proceso que se desarrolla en la órbita del Senado”, explica el Decreto que lleva la firma del ministro Mahiques.

Dicho procedimiento, que incluye la publicación de antecedentes y la recepción de observaciones ciudadanas bajo la órbita del Ministerio de Justicia, “ha devenido en una duplicación de instancias, por estar ellas previstas en el procedimiento constitucional y reglamentario aplicado en la citada Cámara de Senadores, órgano en el cual se garantiza la publicidad, participación ciudadana y evaluación pública de los candidatos”.

El Gobierno entiende que es necesario “remover los trámites procedimentales innecesarios y las etapas duplicadas dentro del proceso de designación de magistrados” para así “restaurar el dinamismo constitucional de dicho procedimiento y, al mismo tiempo, de agilizar la cobertura de las respectivas vacantes, evitando redundancias en los trámites y la excesiva burocratización de los procesos de decisión”.

El Decreto a modificar, sumó criterios adicionales para la valoración de las candidaturas que a criterio de la actual gestión “no se encuentran expresamente previstos en la Constitución Nacional” y cuya consideración “queda comprendida dentro del ámbito de apreciación que corresponde al PEN al ejercer su facultad de nominación de magistrados”.