Desde la Casa Rosada argumentan que el actual sistema obliga al Estado a financiar las disputas internas de las agrupaciones políticas, un gasto que consideran innecesario en el marco del ajuste fiscal. De aprobarse, la potestad de elegir candidatos regresaría exclusivamente a las estructuras internas de los partidos sin intervención financiera del sector público.

En sintonía con esto, el proyecto contempla cambios en el financiamiento de la política. El Gobierno busca eliminar el financiamiento público para las campañas electorales, permitiendo que estas se sustenten mediante fondos privados, aunque manteniendo los aportes estatales para el funcionamiento institucional diario de las fuerzas políticas.

La inclusión de Ficha Limpia representa uno de los puntos de mayor impacto legislativo. La normativa busca impedir que personas con condenas por delitos dolosos (especialmente corrupción), confirmadas por una segunda instancia judicial, puedan presentarse como candidatos a cargos nacionales. El proyecto establece que la inhabilitación regiría para sentencias firmes obtenidas antes del 31 de diciembre del año previo a la elección.

El Gobierno debe definir ahora si el tratamiento comenzará por la Cámara de Diputados o por el Senado. En este último recinto, el oficialismo logró consolidar una mayoría articulada con bloques aliados que podría facilitar el avance de la norma.

La reforma también incluye ajustes vinculados a la implementación de la Boleta Única de Papel y nuevas exigencias de afiliación para que los partidos conserven su personería jurídica. El debate se anticipa intenso, dado que la eliminación de las PASO cuenta con resistencias en diversos sectores de la oposición que consideran al sistema actual como una herramienta de democratización interna.