El conflicto se originó cuando Garre denunció que su vínculo laboral con la fabricante de gaseosas comenzó en octubre de 2013, a pesar de que la firma recién lo registró formalmente en 2015. Según la sentencia, Manaos utilizó acuerdos y contratos alternativos para “encubrir” la naturaleza real de la relación de dependencia, lo que fue calificado por los jueces como una maniobra fraudulenta bajo el derecho común.

En una instancia previa, la Cámara del Trabajo de San Rafael había establecido un monto cercano a los $1.500 millones. Sin embargo, tras las apelaciones de la empresa, la Corte mendocina aplicó una nueva metodología para el cálculo de intereses (basada en la tasa de préstamos de libre destino del Banco Nación), lo que redujo la cifra final a $807.676.293,72.

Al rechazar el recurso para elevar la causa a la Corte Suprema de la Nación, los jueces mendocinos consideraron que no existe una “cuestión federal” que justifique la intervención del Máximo Tribunal del país, ya que se trata de un conflicto regido por leyes laborales ordinarias. Con este fallo, Manaos agota sus instancias legales y dispone de apenas cinco días hábiles para depositar la millonaria suma al extrabajador.