El punto de mayor fricción inicial es “Ficha Limpia”: mientras que los bloques dialoguistas pretendían tratar de forma individual la iniciativa que prohíbe ser candidatos a quienes tengan condenas en segunda instancia, el Ejecutivo insiste en que se respete el texto original. Esta postura obliga a que la prohibición de candidaturas se discuta en el mismo marco que la eliminación de las PASO y los cambios en el financiamiento, lo que genera reparos en la oposición aliada.

Los desafíos para alcanzar la mayoría

Para modificar el régimen electoral, la Constitución exige una mayoría absoluta de 37 votos afirmativos. Actualmente, La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores, lo que vuelve indispensable el apoyo del PRO, la UCR y bloques provinciales. Sin embargo, el consenso se percibe complejo debido a los diferentes intereses en juego.

La eliminación de las PASO surge como el punto más resistido, al punto que desde el radicalismo ya se barajan alternativas como convertir las primarias en un mecanismo optativo en lugar de suprimirlas definitivamente. A esto se suma el conflicto por el financiamiento de los partidos: el proyecto oficialista propone reducir el aporte estatal y eliminar espacios gratuitos de publicidad, elevando al mismo tiempo el límite para los aportes privados. Esta modificación genera rechazo en las fuerzas políticas con menores recursos, que ven en riesgo su capacidad de competencia.

Por otro lado, el endurecimiento de los requisitos para mantener la personería jurídica —como la exigencia del 3% de los votos en dos elecciones consecutivas— pone en alerta a los partidos minoritarios ante la posible caducidad de sus sellos.

“Lista completa” y efecto arrastre

El texto oficialista también reintroduce la opción de marcar “lista completa” en la Boleta Única de Papel (BUP), una casilla que había sido suprimida en la sanción original de la ley para evitar el arrastre. Además, la iniciativa habilita la inclusión de cargos locales en las listas nacionales cuando las elecciones coincidan cronológicamente, un factor que podría beneficiar a gobernadores aliados mediante el arrastre de candidaturas territoriales.

El debate de hoy será un termómetro de la capacidad de negociación del oficialismo en la Cámara alta, en una pulseada que definirá las reglas de juego para las elecciones legislativas de 2027.