El joven, que se desempeña como técnico de celulares, utilizó sus conocimientos para borrar mensajes de una cuenta de WhatsApp que era objeto de una investigación por balaceras y autoatentados.

La medida fue dictada por el juez Lisandro Artacho, a pedido del fiscal Pablo Socca, quien imputó al joven como coautor del delito de violación de sellos y documentos, el cual pena la destrucción u ocultamiento de pruebas bajo custodia judicial.

El caso y la maniobra de ocultamiento

Todo comenzó el 21 de marzo, cuando el Ministerio Público de la Acusación (MPA) secuestró el teléfono celular de Norma Acosta (48), activista rosarina conocida por sus denuncias sobre tramas narco. Horas después de recuperar la libertad, la mujer denunció la pérdida de su dispositivo y solicitó un nuevo chip con la misma línea.

De acuerdo con la investigación, Acosta se reunió entonces con su hijo, identificado como Sergio L. El joven colocó la tarjeta SIM en otro dispositivo, ingresó a la cuenta de WhatsApp de su madre a través de un correo electrónico y, de manera conjunta, comenzaron a borrar archivos, imágenes y chats.

El objetivo de la maniobra, según detalló la Fiscalía, fue impedir que los investigadores pudieran acceder a la información contenida en el teléfono original, el cual ya se encontraba en poder de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe.

El trasfondo: corrupción y presuntos autoatentados

El caso que envuelve a la familia tiene sus raíces en una serie de hechos violentos ocurridos en mayo, cuando se registró una balacera en el pasaje Larguía al 3400. En aquel momento, la investigación apuntó a un fraude millonario dentro de la fuerza policial por la compra de combustible para patrulleros.

La Justicia determinó que la mujer habría organizado un autoatentado con la complicidad de un miembro de la barrabrava de Newell’s, identificado como Juan José Gómez, para instalar la hipótesis de que era víctima de una persecución policial. Por este hecho, ambos se encuentran bajo prisión preventiva desde septiembre.

Tras la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la Justicia consideró que Sergio L. y su madre planificaron la eliminación de pruebas para entorpecer el avance de la causa, por lo que el joven permanecerá detenido durante el próximo mes.