Luego de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei presentó una batería de medidas orientadas a frenar el avance británico sobre la plataforma continental —incluyendo el bloqueo al RIGI para firmas involucradas en el proyecto petrolero Sea Lion y la reactivación de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego—, el politólogo rionegrino Fernando Lanza brindó una mirada crítica sobre el tablero geopolítico regional e internacional en diálogo con el programa radial La Tribuna.
Respecto al endurecimiento de las penas contempladas en la Ley 26.659 mediante decreto reglamentario, Lanza puso en duda la efectividad práctica de la iniciativa frente a las operadoras hidrocarburíferas internacionales. En ese sentido, explicó que las compañías que intervienen en las islas operan bajo una lógica extractiva y financiera completamente desligada de los desarrollos del continente: “Las empresas que pueden llegar a perforar en Malvinas no van a estar presentes en el territorio nacional. Es una explotación convencional de máxima profundidad, con promedios de 50 mil barriles diarios, muy distinta al no convencional que se desarrolla en Vaca Muerta. El decreto es potencialmente sancionatorio, pero en los hechos no va a sancionar a nadie”, argumentó. Para graficarlo, recordó maniobras previas donde accionistas británicos traspasaron participaciones a firmas de otros orígenes tras recibir denuncias formales, esquivando las trabas normativas para asociarse en paralelo con gigantes energéticos en los yacimientos no convencionales de Neuquén.
En cuanto a la decisión de reasignar partidas presupuestarias para reactivar la Base Naval Integrada en Ushuaia —un proyecto estratégico que la propia administración de Milei había paralizado en diciembre de 2023 por falta de fondos públicos—, el especialista consideró que el viraje responde a tensiones y demandas acumuladas dentro de los núcleos duros del Estado: “Milei tiene que mostrar un poco los dientes frente a un avance que le están haciendo por todos los costados. Hay sectores diplomáticos y de las Fuerzas Armadas que están presionando para que haya una reacción frente a la avanzada contra la Argentina”.
Asimismo, Lanza situó el tablero en una escala geopolítica más amplia que involucra de lleno a Chile y la soberanía del extremo austral, marcando que las tensiones de fondo trascienden cualquier afinidad ideológica o sintonía coyuntural entre los presidentes. En esa línea, trajo a colación las intenciones del alcalde de Punta Arenas de consolidar una ruta comercial marítima directa para abastecer a la población civil y militar de las islas: “Hay una disputa de fondo que excede a los mandatos presidenciales. La discusión real no pasa por un negocio de 300 millones de dólares de abastecimiento marítimo, sino por la navegabilidad, la soberanía y la disputa por el Estrecho de Magallanes”. Según el politólogo, el verdadero eje del conflicto radica en el posicionamiento sobre los pasos bioceánicos, donde las declaraciones de mandos militares chilenos y las respuestas de las fuerzas argentinas dejan al descubierto un litigio estructural que no se agota en acuerdos comerciales menores.
Por último, Lanza desestimó versiones sobre una supuesta mediación favorable de Donald Trump y descartó de raíz hipótesis como una soberanía compartida o acuerdos temporales bajo el modelo del Canal de Panamá: “Es absolutamente ciencia ficción. Hay una búsqueda de control del paso bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico, y para eso necesitan de Malvinas. No te lo van a regalar ni a ceder pacíficamente; es un reclamo histórico que habrá que seguir peleando diplomáticamente”, concluyó.
