Este jueves, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo habilitó el tratamiento del caso por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al conceder un recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo.
El debate de fondo: equilibrio fiscal vs. derecho a la educación
La controversia se centra en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.775), sancionada en 2025. Desde el Ministerio de Capital Humano, bajo la gestión de Sandra Pettovello, sostienen firmemente que la ley resulta “inaplicable” debido a que el Congreso omitió especificar la fuente de financiamiento concreta, es decir, de qué partidas saldría el dinero. Para el Ejecutivo, ejecutar la norma sin una previsión de fondos clara rompería el compromiso del “equilibrio fiscal” y el objetivo del déficit cero que guía la gestión de Javier Milei.
En la vereda opuesta, las casas de altos estudios —respaldadas por un fallo de primera instancia y una cautelar previa de la Cámara— mantienen que el financiamiento no es una opción discrecional, sino una obligación constitucional del Estado para garantizar el derecho a la educación superior. Las universidades argumentan que, ante el escenario económico actual, las partidas deben ajustarse obligatoriamente conforme a los índices de inflación para evitar el colapso del sistema.
La decisión de la Cámara y el rol de la Corte
Con la firma de los jueces Sergio Fernández y José Luis López Castiñeira, la Cámara decidió suspender la ejecución de la medida cautelar que obligaba al Gobierno a pagar los aumentos. Esta resolución técnica significa que, mientras la Corte Suprema no emita un fallo definitivo, el Ejecutivo no tendrá la obligación de desembolsar los fondos previstos en la ley.
Ahora, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti tienen ante sí tres escenarios posibles: ratificar la plena vigencia de la ley obligando al pago inmediato, darle la razón al Ejecutivo respecto a la falta de fuentes de financiamiento o, en una instancia intermedia, instar a las partes a una renegociación presupuestaria que destrabe el conflicto de manera administrativa.
Marcha Federal el 12 de mayo
Mientras el expediente llega al cuarto piso de Tribunales, el clima social en las universidades sigue en aumento. El sistema universitario nacional ya ratificó la realización de una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo martes 12 de mayo, con el fin de visibilizar la crisis salarial del sector y presionar por una solución política ante la posibilidad de que el debate judicial se prolongue y mantenga los salarios congelados.
