La decisión del Gobierno nacional de dejar de compensar económicamente a las empresas de transporte por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad generó preocupación en el sector y abrió una fuerte controversia sobre el financiamiento del sistema.

El vocero de la Cámara de Transporte de Larga Distancia, Gustavo Gaona, explicó que la situación es “bastante más compleja de lo que a veces se plantea discursivamente” y remarcó que el Estado es el responsable de garantizar el derecho al transporte gratuito.

“El tema es bastante más complejo de lo que a veces se plantea discursivamente. El Estado es el garante de un derecho”, señaló en diálogo con Actualidad 2.0 por Radio del Mar.

Gaona detalló que el beneficio se sostiene por una obligación legal vigente, aunque el esquema de transporte de larga distancia cambió en los últimos años tras la desregulación del sector. “Hoy en la Argentina no existe ese servicio público como tal, existe un registro de operadores. Antes había un sistema con obligaciones y ahora no”, explicó.

En ese contexto, el dirigente afirmó que la discusión se judicializó y que, pese a las modificaciones del esquema, las empresas continúan otorgando los pasajes en cumplimiento de medidas cautelares. “Nosotros cumplimos con lo que el juez dice, más allá de que consideramos que no somos más servicio público”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que el Estado nacional no estaría cumpliendo con la compensación económica correspondiente, lo que generó un fuerte impacto en el sistema.

“El Estado no está pagando lo que corresponde. Estamos hablando de casi un millón y medio de pasajes por año”, indicó, al tiempo que estimó que el sistema equivale a miles de unidades de transporte mensuales cubiertas a costo cero.

Gaona explicó que el costo finalmente se traslada al valor del boleto del resto de los pasajeros. “Lo está cubriendo el pasajero. Es un costo tan grande que se está trasladando al resto de la tarifa”, señaló.

Además, advirtió que la situación puede derivar en una crisis si no se redefine el esquema de financiamiento o se actualiza la normativa vigente. “El Estado tiene que garantizarlo, no puede desentenderse. Si quiere cambiarlo, tiene que cambiar la ley o sentarse a discutirlo”, concluyó.