La sesión, encabezada por las senadoras libertarias Ivanna Arrascaeta y Nadia Márquez, dejó en claro que el camino hacia la aprobación no será sencillo: la oposición ya solicitó una extensa lista de expositores que promete ralentizar el trámite legislativo.

“La ley actual no funciona”

La directora de abordaje integral de salud mental del Ministerio de Salud, Liliana González, fue la encargada de defender el proyecto oficial. Según la funcionaria, tras 15 años de vigencia de la normativa actual, los resultados no son adecuados y se requiere un marco que evite “casos trágicos de suicidios y agresiones a terceros”.

El proyecto del Ejecutivo propone crear mecanismos “ágiles y no burocráticos” para las internaciones involuntarias, además de establecer que el equipo interdisciplinario deba contar obligatoriamente con médicos psiquiatras para evitar diagnósticos imprecisos. Asimismo, se contempla que un juez pueda realizar un seguimiento del tratamiento por seis meses en casos graves. González también alertó sobre la infraestructura crítica, señalando que el país solo cuenta con 14,5 camas cada 100.000 habitantes, lejos de las 60 que recomienda la OCDE.

Los cuestionamientos de la oposición

Desde el bloque de Unión por la Patria, las críticas fueron tajantes y se centraron en la falta de federalismo y recursos. La senadora Lucía Corpacci denunció que el Gobierno presentó el proyecto apenas tres días después de informarlo a las provincias, asegurando que actualmente son 18 las jurisdicciones que rechazan la modificación de la ley. En este sentido, los legisladores opositores recriminaron al Gobierno la situación actual de desfinanciamiento, puntualizando en el conflicto del Hospital Laura Bonaparte y remarcando que el presupuesto para el área nunca llega al 10% que marca la normativa vigente.

Por otro lado, la discusión técnica también evidenció una brecha ideológica respecto al modelo de atención. Mientras que la senadora Patricia Bullrich defendió la reforma alegando que busca soluciones urgentes para la gente que hoy “sufre o muere” por la burocracia actual, la oposición manifestó su temor de que se pierdan garantías individuales en el proceso.

Para los críticos del proyecto, el énfasis en la internación involuntaria y la centralidad de la figura del psiquiatra podría significar un retorno a un modelo de “encierro” en detrimento del abordaje comunitario y ambulatorio que se venía promoviendo. El debate continuará en las próximas semanas con la presencia de especialistas y autoridades sanitarias provinciales.