Este martes se conocieron las precisiones de los ejes probatorios con los que el tribunal de juicio buscará determinar la responsabilidad penal de los 17 imputados sentados en el banquillo por la desaparición de Loan Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024. El expediente llegó a la instancia de debate respaldado por más de 900 elementos de prueba recopilados durante la instrucción de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, los cuales apuntalan de forma unánime la hipótesis delictiva de “sustracción y ocultamiento” del menor.

Los acusadores centran su estrategia en cuatro puntos neurálgicos que evidenciarían un plan coordinado de actuación. El primero de ellos corresponde al hallazgo del calzado del niño, pieza que las peritajes determinaron que fue “plantada” de manera intencional días después del hecho para desviar los rastrillajes. La fiscalía intentará comprobar en las audiencias si la exfuncionaria Victoria Caillava suministró la prenda a Laudelina Peña, tía del menor, para ejecutar la maniobra de distracción. Asimismo, se debatirá sobre una toalla con vestigios hemáticos hallada en una escuela abandonada, sitio señalado por los investigadores como el probable lugar de cautiverio temporario.

Otro de los pilares de la acusación radica en el cruce de comunicaciones telefónicas. Los peritajes tecnológicos detectaron un flujo de llamadas y mensajes cursados más de 12 horas después de la desaparición, mediante los cuales se instaló el falso rumor en la localidad de 9 de Julio de que el niño había sido encontrado vivo, ardid que habría permitido a los perpetradores ganar tiempo. A esto se suman los resultados positivos de los peritajes de olor y rastros biológicos que confirmaron la “presencia de Loan” en el interior del automóvil y la camioneta pertenecientes al matrimonio compuesto por Carlos Pérez y Victoria Caillava.

Los principales imputados durante el debate oral.

De acuerdo con la reconstrucción formal que sostienen los fiscales, el esquema delictivo habría operado de forma escalonada: Antonio Benítez, Mónica Millapi y Daniel Ramírez habrían trasladado al menor hacia una zona vulnerable aprovechando la excursión a un naranjal; en paralelo, Pérez y Caillava se encargaron de distraer al padre del niño, José Peña, mientras Laudelina Peña coordinaba el enlace logístico. Finalmente, la acusación señala que el excomisario del pueblo, Walter Maciel, intervino activamente para entorpecer las directivas judiciales iniciales, complementado por la acción posterior de diez falsos profesionales vinculados a la Fundación Lucio Dupuy que buscaron contaminar los testimonios de la causa.