En su resolución, leída por la magistrada Codina, la alzada desestimó el pedido de absolución presentado por la defensora pública María de los Ángeles Garro. Los jueces dictaminaron que la materialidad y la autoría del imputado quedaron plenamente probadas, sosteniendo que el testimonio de la víctima guardó absoluta coherencia y se vio respaldado de manera sólida con el resto del cuadro probatorio producido durante el debate oral.

A pesar de ratificar el fallo de culpabilidad por el delito de abuso sexual agravado por el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima y la condición de convivencia, el tribunal de alzada dio lugar parcialmente al planteo de la defensa al declarar arbitrario el cómputo de la pena. Por este motivo, dispusieron reenviar la carpeta judicial para que un nuevo juez celebre una audiencia de cesura y determine el monto exacto de la sanción disciplinaria.

Durante el proceso de impugnación ordinaria, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general María Laura Blanco, quien había solicitado ratificar tanto la condena como la pena original. Tras la decisión del tribunal, la causa quedará a la espera de la designación del magistrado que encabezará la nueva audiencia de imposición de pena.