La fiscalía brasileña solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) una dura condena contra Jair Bolsonaro por su presunta participación en un plan para alterar el resultado electoral de 2022, que dio la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. El pedido también alcanza a siete de sus colaboradores, incluidos exministros y militares de alto rango.

Según el fiscal general Paulo Gonet, hay pruebas suficientes para demostrar que Bolsonaro intentó “garantizar su permanencia autoritaria en el poder mediante intentos de alterar violentamente el orden democrático”. De ser hallado culpable, podría recibir hasta 40 años de prisión por liderar una organización criminal, intentar abolir el Estado democrático y participar en actos de vandalismo contra instituciones públicas.

La investigación se centra en los hechos del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes bolsonaristas irrumpieron en el Congreso, la Presidencia y el Supremo Tribunal Federal para forzar una intervención militar. Testigos como el excomandante del Ejército Marco Antonio Freire Gomes declararon que Bolsonaro evaluó declarar un “estado de sitio” para convocar nuevas elecciones.

Bolsonaro niega las acusaciones y afirma ser víctima de una “persecución política”. “Nunca he violado la democracia ni la Constitución. Los que violan la democracia son los que inventan pruebas, arrestan a inocentes y abusan de su poder”, escribió en X.

Tensión diplomática con EE.UU.

El juicio también desató un conflicto diplomático ya que desde Estados Unidos, Donald Trump calificó el proceso como una “caza de brujas” y anunció aranceles del 50% a productos brasileños a partir del 1 de agosto. Lula respondió convocando al embajador estadounidense y advirtió que Brasil tomará contramedidas comerciales si se concretan las sanciones.

En tono distendido, el mandatario brasileño incluso bromeó sobre enviarle una jabuticaba, una fruta típica de Brasil, para aliviar las tensiones. Sin embargo, firmó un decreto que habilita medidas de reciprocidad contra países que impongan aranceles de manera unilateral.

El clan Bolsonaro y la campaña de defensa

Pese a estar inhabilitado por cuestionar sin pruebas el sistema electoral, Bolsonaro mantiene aspiraciones presidenciales para 2026 y cuenta con el respaldo de sectores de la extrema derecha. Sus hijos, Eduardo y Flávio, denunciaron un “ataque contra la libertad” y defendieron al expresidente con fuertes críticas a la fiscalía y al juez Alexandre de Moraes, encargado del caso.

Ahora será el turno de la defensa de Bolsonaro y sus aliados antes de que el STF dicte sentencia, prevista para septiembre u octubre. Si el expresidente no responde a las acusaciones, el juez podrá ordenar la eliminación de los mensajes en redes y avanzar con la condena.