El juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona ingresó este jueves en su etapa definitoria ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, donde los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren expusieron sus alegatos de clausura y solicitaron penas de prisión efectiva e inhabilitación para el equipo médico a cargo de la internación domiciliaria en Tigre.
En una acusación que calificó el dispositivo montado en el barrio San Andrés como “una ficción sin condiciones ni equipamiento” y “la más deficiente y temeraria internación de todos los tiempos”, el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de 12 años de prisión y 10 años de inhabilitación profesional para el neurocirujano Leopoldo Luque, señalado como el principal médico de cabecera del astro futbolístico. Luque fue acusado bajo la figura de homicidio simple con dolo eventual.
Bajo la misma calificación penal, los fiscales pidieron 10 años de cárcel y 10 de inhabilitación para la médica y coordinadora de la empresa de medicina prepaga, Nancy Forlini, a quien señalaron como la responsable de comandar una organización “caótica”, y 8 años de prisión e inhabilitación por 10 años para la psiquiatra Agustina Cosachov, cuestionada por ignorar signos de insuficiencia cardíaca y desatender los cuadros clínicos.
Por el contrario, la fiscalía redujo la acusación contra otros integrantes del dispositivo y encuadró su accionar en homicidio culposo por negligencia: requirieron 5 años de prisión e inhabilitación por el doble de la condena para el psicólogo Carlos Díaz, y 4 años de cárcel más 8 de inhabilitación para el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. La gran sorpresa de la audiencia se dio al inicio del alegato, cuando los fiscales retiraron de oficio todos los cargos contra el médico clínico interconsultor Pedro Di Spagna por entender que no tuvo potestad decisoria ni responsabilidad en el desenlace fatal, solicitando su libre absolución.
Pese a los montos de condena solicitados, el Ministerio Público Fiscal no pidió la detención inmediata de los imputados por considerar que se mantuvieron a derecho durante todo el trámite judicial, aunque sí reclamó que entreguen sus pasaportes al tribunal, se mantenga la prohibición de salir del país y se fijen presentaciones periódicas ante la Justicia.
Tras el cierre del alegato fiscal, el abogado querellante Eduardo Ramírez —representante de Diego Maradona Junior— acompañó los pedidos centrales de pena pero elevó a 10 años la solicitud de condena para la psiquiatra Cosachov y reclamó que, de dictarse un veredicto de culpabilidad, Luque, Cosachov y Forlini queden detenidos de forma inmediata en la propia sala de audiencias.