La Justicia federal de Río Grande ordenó la suspensión inmediata de las actividades vinculadas al proyecto petrolero offshore Sea Lion, emplazado en la Cuenca Malvinas Norte. La resolución fue dictada por la jueza federal Mariel Borruto, quien hizo lugar a una medida cautelar impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación de Abogados y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).

El fallo prohíbe a la británica Rockhopper Exploration y a la israelí Navitas Petroleum llevar adelante perforaciones en el lecho marino, instalar infraestructura submarina, tender ductos, operar unidades flotantes de producción e iniciar la extracción comercial de crudo. La medida regirá hasta que las firmas completen el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto por la Ley General del Ambiente ante las autoridades de aplicación nacionales.

Al fundamentar la decisión, la magistrada remarcó que el riesgo ambiental “no es hipotético ni remoto”, dado que el desarrollo —que contempla 23 pozos— ya entró en fase de ejecución tras la contratación de plataformas y equipos de perforación sin haber presentado aviso de proyecto ante la Secretaría de Ambiente argentina. Asimismo, el fallo vinculó la protección del ecosistema marino con la defensa de la soberanía nacional sobre el archipiélago.

En su resolución, el juzgado intimó a ambas compañías a presentar, en un plazo de diez días hábiles, una declaración jurada detallando el cronograma de obra, contratos, estructura societaria y estudios técnicos, además de exigir la preservación de toda la documentación vinculada a la iniciativa.