Los jueces Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy firmaron el fallo bajo la premisa de que la demanda de la CGT cuestiona al Estado en su rol de legislador. Según los magistrados, al basarse el reclamo en normas de jerarquía constitucional y tratados internacionales, la competencia corresponde al fuero que regula las acciones contra el Estado Nacional.

Este movimiento debilita la posición de la central obrera, que buscaba mantener la disputa en un ámbito especializado en la protección de los derechos del trabajador. Con este cambio, la causa se tramitará bajo una óptica de derecho administrativo y control de constitucionalidad general.

La postura del Gobierno

El planteo del Ejecutivo para lograr este traslado se basó en que la central obrera no logró demostrar un daño real y tangible, sino que atacó la reforma de manera teórica sin señalar a ningún trabajador que haya sufrido un perjuicio directo hasta el momento. Bajo esta lógica, el Gobierno también cuestionó que la CGT tenga la facultad legal de arrogarse la representación de la totalidad de los trabajadores argentinos en una demanda de esta magnitud.

Esta decisión judicial marca un quiebre en el proceso porque obliga al expediente a abandonar definitivamente la Justicia Laboral para pasar a manos de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, validando así el pedido de inhibitoria que había presentado el Ministerio de Capital Humano. Para la gestión de Javier Milei, esto representa un segundo triunfo estratégico en la misma semana, ya que se suma al fallo previo que ya había restablecido la vigencia de los artículos de la reforma, consolidando un escenario judicial mucho más favorable para los planes del oficialismo.