El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Martín Cormick, impuso una sanción económica de $100.000 diarios al Gobierno nacional por no haber acreditado el cumplimiento efectivo de la medida cautelar que ordena aplicar los puntos centrales de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

La resolución judicial hace efectivo el apercibimiento fijado a fines de septiembre y dispone la aplicación de astreintes que recaen, en esta primera etapa, sobre el titular de la Jefatura de Gabinete, Diego Santilli, en virtud de sus responsabilidades constitucionales en la administración del presupuesto nacional. El magistrado advirtió, además, que el monto y la nómina de funcionarios alcanzados podrían ampliarse si persiste la desobediencia judicial.

La medida cautelar —dictada originalmente a fines de 2025 tras una demanda promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y representaciones sindicales y estudiantiles— exige la inmediata recomposición de los salarios de docentes y no docentes con un incremento atado a la inflación (IPC) y la actualización de las partidas para becas.

Pese a que desde la Casa Rosada alegaron haber remitido informes de gestión y argumentaron que no contaban con partidas extraordinarias previstas en el esquema presupuestario para afrontar la totalidad del impacto fiscal, el magistrado resolvió que las acciones presentadas resultaron insuficientes para demostrar el acatamiento cabal de la norma. El Estado nacional aún conserva la vía recursiva para apelar la sanción ante la Cámara Federal.