La resolución, firmada por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky (este último en disidencia parcial), avala el pedido del fiscal Mario Villar y extiende la medida a las propiedades que fueron transferidas a título gratuito a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

El juez Hornos fundamentó que el decomiso debe ser una “recuperación real y efectiva” de los activos, advirtiendo que carecería de sentido imponer una condena penal y permitir que el delito continúe produciendo efectos económicos. “El decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”, señaló en su voto.

Mientras Barroetaveña acompañó la postura de Hornos, el juez Borinsky votó en disidencia parcial. Su argumento se centró en que no estaría suficientemente probado que los bienes en manos de Máximo y Florencia provengan directamente del supuesto delito, por lo que propuso excluirlos de la lista de ejecución.