Este jueves por la tarde, la Legislatura del Chubut ratificó el acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo provincial e YPF S.A., que regula el traspaso de bienes históricos y el cierre operativo de la petrolera de bandera en la Cuenca del Golfo San Jorge. Durante una sesión marcada por acusaciones cruzadas y chicanas políticas, los bloques confrontaron por el alcance de los pasivos ambientales, el monto de la compensación económica y el futuro patrimonial de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Se acordó la transferencia de las concesiones de la explotación sobre las áreas “El Tordillo”, “La Tapera”, “Puesto Quiroga”, “Escalante-El Trébol” y “Campamento Central-Cañadón Perdido” y “Manantiales Behr” y una contraprestación extraordinaria de YPF S.A. a favor de la Provincia del Chubut.
La ley fue aprobada con los votos de los bloques Despierta Chubut, Familia Chubutense, Sergio González de Chubut Unido y Mariela Willliams de Primero Chubut-CET. Mientras que los bloques Arriba Chubut, el Pich y el Frente de Izquierda votaron en contra.
Desde el bloque oficialista Despierta Chubut, la diputada Andrea Aguilera defendió la letra del convenio y precisó que los fondos de la contraprestación extraordinaria “solo pueden utilizarse a obras de infraestructura, servicios públicos, Salud, Educación, Seguridad, vivienda y servicios para Comodoro”. Asimismo, anticipó la creación de una Comisión integrada por el gobernador, el intendente y entidades de bien público para administrar el destino de los inmuebles transferidos que se encuentren desocupados.
En sintonía, el diputado Daniel Hollmann vinculó la salida de la empresa al Plan Andes y apuntó contra las gestiones anteriores por “mirar para otro lado” ante la necesidad de diversificar la matriz productiva de la región. “No hablemos de manera liviana sobre el ambiente. Solo en el primer año del gobernador Torres se realizaron más inspecciones y relevamientos a todas las operadoras que en los últimos seis años del gobierno anterior”, afirmó.
El cierre de la postura del oficialismo estuvo a cargo de Luis Juncos, quien reivindicó el lazo histórico entre la urbe petrolera y la firma. “Cada uno de los puntos del articulado reconoce que las cosas que eran de YPF y que son de Comodoro deben ser para los comodorenses”, remarcó.
La bancada de Arriba Chubut, liderada en sus discursos por los diputados Vanesa Abril y Juan Pais, cuestionó con dureza el acuerdo y tildó el tratamiento de “apresurado y caprichoso”. “Nosotros venimos acá con mucha responsabilidad, pedimos la información y la buscamos por anticipado”, señaló Abril. Pais advirtió que el verdadero eje de la negociación de la petrolera no gira en torno a los inmuebles cedidos a la comunidad, sino que funciona como un “acuerdo de liberación de responsabilidad para YPF por los pasivos ambientales que deja” tras un siglo de explotación ininterrumpida en la ciudad.
Por su parte, los bloques minoritarios del Frente de Izquierda y el Partido Independiente del Chubut (PICH) justificaron sus votos negativos al alertar sobre la ausencia de auditorías independientes y la falta de información respecto a la solvencia de las nuevas operadoras que ingresarán a las áreas.
El diputado Juan Aquino, del Bloque Frente de Izquierda, criticó que la Secretaria de Ambiente sostenga que no hay pasivo ambiental y que alcanza con ese pago de 25 millones de dólares. “En Santa Cruz hubo compensación de 300 millones de dólares y pico, ustedes se están vanagloriando por un plato de guiso y tres empanadas” comparó Aquino. Frente al éxodo hacia Vaca Muerta que ha dejado 7 mil despidos en la Cuenca y en Comodoro, para Aquino “lo que están legitimando con este acuerdo es que otras operadoras puedan decir yo quiero la misma facilidad que YPF, me quiero ir así de fácil, yo te pago esto y me voy, y el que venga que se arregle, esto es un escándalo”.
