El juez Raúl Floreal Esteban, titular del Juzgado Laboral Nº 3 local, dictó la sentencia definitiva en el juicio iniciado en 2019 por seis árbitros pertenecientes al Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA). La demanda, que denunciaba precarización laboral, falta de registración, ausencia de aportes previsionales y despidos injustificados, concluyó con un fallo unánime a favor de los trabajadores. Si bien el monto final se determinará en la etapa de liquidación, las estimaciones contables y judiciales ubican la cifra total entre los 500 y 700 millones de pesos, sumando intereses y costas del proceso.
En diálogo exclusivo con Deporte Total por Radio Del Mar, Claudio Quintana, secretario general de SADRA Chubut y uno de los demandantes junto a Alejandro Sepúlveda Catalán, Víctor José Oviedo, Adrián Rodríguez, Milton Haro y Juan Manuel Linares, expresó su alivio tras más de seis años de litigio. “Llegó el momento que esperábamos de que se inició este conflicto. Era recontra evitable; en las audiencias en la Subsecretaría de Trabajo simplemente queríamos que nos escucharan y dialogar, pero minimizaron las cosas”, relató el dirigente. Quintana recordó con dureza la actitud de la conducción de ese momento, encabezada por Antonio “Kelo” Carrizo, al manifestar que la dirigencia les decía: “¿Qué van a hacer ustedes si son seis árbitros pedorros? ¿Quién les va a dar bola?”.
El conflicto se originó en 2019, cuando tras un quiebre interno y el armado de una asociación local legal, la Liga acató una supuesta “bajaba de línea” de la AFA para desarticular al SADRA a nivel nacional, exigiéndoles la desafiliación si querían seguir dirigiendo. Ante la negativa de los seis jueces comodorenses, la Liga decidió “borrarlos” de las designaciones y operar con exclusividad con otra agrupación. Durante todo el proceso judicial, la institución mantuvo una postura de desatención absoluta. “El juicio se ganó en un 100% en todos los puntos que hemos reclamado. Para la justicia la Liga estaba en rebeldía, porque nunca contestó las notificaciones que recibían”, detalló Quintana, quien además criticó que la nueva comisión directiva, a pesar de estar al tanto de la inminencia del fallo, tampoco mostró interés en resolverlo previamente.
El panorama financiero para la Liga podría volverse aún más dramático. Más allá de los aranceles e indemnizaciones particulares por antigüedad —donde se destaca el caso de José Oviedo con más de 30 años de servicio—, la sentencia abre la puerta a un segundo frente judicial. “A partir de ahora, ya con el fallo de la justicia, nosotros prepararemos la denuncia hacia el ARCA (ex AFIP) para reclamar los aportes negados en cada uno de los años de trabajo por evasión impositiva”, disparó Quintana, concluyendo de forma tajante que el costo final para el fútbol local será “infinito”. El caso sienta un precedente inédito en el país, al convertirse en la primera liga oficial que pierde un juicio de índole laboral contra su cuerpo de árbitros.