La Municipalidad de Comodoro Rivadavia formalizó la demanda judicial contra YPF por la recomposición del pasivo ambiental generado durante años de actividad hidrocarburífera en la ciudad. Así lo confirmó Jordana Mrla, subsecretaria de Ambiente, en diálogo con Radio del Mar, donde explicó los alcances de la presentación y los próximos pasos del proceso.

La acción judicial se suma a la presentación realizada días atrás ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el marco de la salida de YPF de distintas áreas de la Cuenca del Golfo San Jorge.

“En el día de hoy fue ingresada efectivamente la demanda de la Municipalidad contra YPF por la recomposición del pasivo ambiental”, confirmó Mrla.

Según explicó, el reclamo no se limita a determinados pozos petroleros, sino que contempla el conjunto de situaciones vinculadas con la actividad de la empresa que hayan generado degradación, contaminación o afectación del ambiente en Comodoro Rivadavia.

“Cuando hablamos del pasivo, hablamos de las grandes instalaciones, de los antiguos derrames no saneados, de la salinización de nuestro suelo, de la degradación y las cárcavas”, detalló.

No se reclama una cifra económica

Uno de los puntos que Merla buscó aclarar es que la Municipalidad no inició la demanda en busca de una suma de dinero determinada, sino que reclama el cumplimiento de la obligación de recomponer el daño ambiental.

“Nosotros no vamos por una cifra económica para lo que es la recomposición del pasivo. Será la Justicia quien va a establecerla, si así corresponde”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el planteo municipal se basa en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en el artículo 28 de la Ley General del Ambiente, que establece la obligación de recomponer el daño ambiental.

“Nosotros vamos por la controversia del artículo 41. La empresa YPF considera que al retirarse y con los acuerdos firmados ha culminado con sus compromisos ambientales con la localidad de Comodoro Rivadavia, y nosotros consideramos que no está cumplido lo que establece la Constitución ni la Ley General del Ambiente”, explicó.

La funcionaria señaló que la Municipalidad agotó previamente las instancias técnicas y administrativas y que ahora pretende que sea la Justicia la que determine el alcance de las responsabilidades.

Peritajes para determinar el daño

Mrla explicó que la presentación cuenta con una importante cantidad de documentación, entre protocolos, análisis, informes y antecedentes elaborados tanto por YPF como por terceros y por la propia Municipalidad.

A partir de ahora, uno de los puntos centrales será la realización de peritajes científicos independientes que permitan determinar el estado del ambiente y establecer qué situaciones deben ser remediadas.

“La Justicia tiene que establecer el peritaje independiente, que tendrá que ser científico. La empresa YPF será instada a presentar y realizar lo que tenga que realizar a su costa, y en ese marco será la Justicia quien determinará, tras su peritaje, si esto está aprobado o no”, indicó.

Respecto del tiempo que podría demandar una remediación de semejante magnitud, Merla evitó establecer plazos.

“Sería imprudente decir si es un año, dos años o diez años. No es un tiempo que nosotros podamos establecer porque serán los tiempos que determine también la Justicia”, señaló.