El fallo del Juzgado Federal de Dolores obliga al Ministerio de Economía a entregar en un plazo de cinco días el expediente completo del DNU 179/2025, mediante el cual el Gobierno contrajo un crédito de 20 mil millones de dólares con el FMI. La acción fue promovida por Francisco Verbic, en representación de la CAIP y del CELS.

La querella argumenta que la cartera económica violó la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 al intentar ocultar información mediante procedimientos administrativos burocráticos. Inicialmente, el Ministerio había tramitado el pedido de información bajo la Ley 27.275 y solicitado prórroga, pero luego decidió derivarlo a un procedimiento restrictivo, lo que motivó el fallo.

El CELS señaló que “la decisión del juzgado reafirma que el derecho al acceso a la información pública es indispensable para el control democrático de las decisiones estatales. Y que su cumplimiento es especialmente relevante cuando se trata de políticas económicas de alto impacto, como la firma de un acuerdo con el FMI”.

Además, el organismo remarcó que “la supremacía de la Ley de Acceso a la Información Pública prevalece sobre el régimen general de procedimientos administrativos” y que “el DNU tampoco contiene información sobre las razones y condiciones del empréstito”.

Recordaron que “la propia Corte Suprema de Justicia estableció que el derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones”.

Finalmente, el CELS concluyó: “Para acceder a la información generada por el Estado no es necesario acreditar un interés especial y mucho menos enfrentar trabas burocráticas: es un derecho humano fundamental y como tal, protegido. El Ministerio de Economía debe decir cómo se gestó el acuerdo con el Fondo”.