La modalidad, habilitada a partir de la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal aprobada por el Congreso a fines del año pasado, quedó asentada en los registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La tramitación se completó durante las primeras horas de este miércoles por parte del coordinador de ministros, mientras que su pareja lo había realizado en la jornada previa. Ante las inmediatas repercusiones sobre el movimiento fiscal del funcionario, allegados directos salieron a marcar las características del procedimiento: “No van a adherir a ningún blanqueo, solo a simplificar la presentación de la Declaración Jurada”, aclararon desde su círculo íntimo para disipar lecturas ligadas a una amnistía de activos.
El nuevo paradigma de control y las deudas pendientes
El Régimen Simplificado de Ganancias fue puesto en vigencia por la ARCA en abril de este año bajo el paraguas normativo de la Ley de Inocencia Fiscal. Al momento de su lanzamiento, la agencia recaudadora definió la herramienta como un esquema simplificado para contribuyentes cumplidores, cuyo principio central radica en invertir la carga tradicional de fiscalización. “Se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”, especificaba el diseño del programa.
Sin embargo, el movimiento administrativo del vocero presidencial se produce en un escenario de fuerte sensibilidad política y judicial. Adorni mantiene el compromiso público de entregar sus balances contables personales y familiares ante la Oficina Anticorrupción antes del próximo 15 de junio, un documento largamente esperado para contrastar el crecimiento de sus activos en el último período.
Activos bajo la lupa de la Justicia Federal
El foco de la opinión pública y de los tribunales se mantiene sobre las recientes operaciones inmobiliarias de la familia. La adquisición y posterior refacción de una propiedad en el country bonaerense Indio Cuá, sumada a la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, forman parte de las transacciones bajo análisis societario y patrimonial.
Actualmente, el fiscal federal Gerardo Pollicita, por delegación del juez Ariel Lijo, lidera la recolección de pruebas en el marco de una causa penal que investiga el presunto delito de enriquecimiento ilícito. El envío de las planillas de la ARCA y el contenido de la declaración jurada de la Oficina Anticorrupción resultarán determinantes para que la Justicia evalúe si los activos declarados por el funcionario se encuadran dentro de los parámetros objetivos que exige la nueva ley o si persisten inconsistencias que justifiquen la continuidad de la acción penal.
