El presidente Javier Milei firmó este sábado los vetos a dos leyes claves aprobadas por el Congreso: una que establecía una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, y otra que declaraba la emergencia en el sector de discapacidad. Ambas normas, impulsadas por bloques opositores, habían recibido luz verde en el Senado a comienzos de julio y contaban con amplio respaldo parlamentario. Sin embargo, el Poder Ejecutivo consideró que son “fiscalmente inviables” y formalizó su rechazo, que se publicará el próximo lunes en el Boletín Oficial.

Con esta maniobra, el Gobierno busca evitar que el Congreso vuelva a tratar los textos en el corto plazo. De hecho, la oposición necesitaría reunir los dos tercios de ambas cámaras para rechazar el veto y forzar su promulgación, un escenario que por ahora parece lejano. La sesión del miércoles convocada para otros temas no incluirá estas iniciativas.

La primera norma apuntaba a modificar la fórmula de movilidad jubilatoria, incorporando una actualización mensual basada en inflación y aumentos salariales. También establecía un piso de incremento que superaba el mecanismo de ajuste por decreto actualmente en uso. La iniciativa fue presentada por sectores de la oposición dialoguista y el peronismo, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad y protección a los haberes de jubilados y pensionados.

La segunda ley vetada declaraba la emergencia en discapacidad, una medida que buscaba garantizar la continuidad de las prestaciones básicas, el transporte y la atención integral de las personas con discapacidad. La propuesta surgió tras reiterados reclamos de organizaciones del sector por la discontinuidad de pagos y servicios esenciales.

La demora en la firma del veto respondió a una táctica política, evitar que el tema regresara rápidamente a Diputados, donde el oficialismo teme no contar con los votos necesarios para sostener la decisión presidencial. Según trascendió, la Casa Rosada inició negociaciones con gobernadores y bloques aliados para blindar apoyos. Entre los ofrecimientos estarían la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y acuerdos locales con vistas a las elecciones nacionales de octubre.

Desde el Gobierno insisten en que las leyes vetadas comprometerían el equilibrio fiscal en plena implementación del plan de ajuste estructural.