Los diputados Gerardo Milman (PRO), Lilia Lemoine y Carlos Zapata (La Libertad Avanza) presentaron un proyecto de ley que propone modificar aspectos centrales de la Ley de Identidad de Género, sancionada en 2012.
El objetivo principal es eliminar el financiamiento estatal de tratamientos médicos relacionados con la adecuación de género, tanto en el sistema público de salud como en obras sociales y planes como el Programa Médico Obligatorio (PMO).
La iniciativa establece que el Estado y sus distintas entidades —incluidas dependencias, organismos descentralizados y empresas con participación estatal— se abstengan de “promover, financiar, difundir o imponer construcciones ideológicas sobre el género o la sexualidad”.
“El Estado no debe financiar, promover ni imponer la identidad de género en las personas”, afirmó Milman al defender el proyecto, que incluye cambios tanto para adultos como para menores. Aunque aclaró que no se niega el derecho individual a la autopercepción de género, planteó que esa decisión debe mantenerse en el ámbito privado y no recibir respaldo económico del Estado.
“Reafirmamos el principio liberal de soberanía del individuo sobre su propio cuerpo y vida, encuadrándolo en un marco que respeta los límites naturales del orden jurídico, la neutralidad ideológica del Estado y el principio de no agresión fiscal hacia los contribuyentes”, sostuvo.
En relación con la ley vigente, el legislador cuestionó que “se utilizó al Estado” para financiar y promover prácticas culturales, médicas y lingüísticas “que no gozan de consenso social ni científico”, y calificó esa aplicación como “compulsiva”.
El proyecto también incluye disposiciones específicas para menores de edad. Según se detalla en el texto, se busca impedir que el Estado intervenga en decisiones vinculadas a la identidad de género de niños, niñas y adolescentes sin el consentimiento expreso de sus familias. “Tampoco puede suplantar la patria potestad cuando un menor quiere cambiar de género”, agregó Milman, quien consideró que la responsabilidad debe recaer en los padres y los profesionales que evalúen cada situación.
La propuesta generó reacciones en distintos sectores políticos y sociales, en especial porque impacta directamente sobre los derechos garantizados por la Ley de Identidad de Género, que convirtió a la Argentina en uno de los primeros países en reconocer la identidad autopercibida sin necesidad de judicialización o intervenciones médicas obligatorias.
Hasta el momento, el proyecto no cuenta con dictamen en comisiones ni fecha de tratamiento parlamentario.
