El proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental volvió a instalar el debate sobre el funcionamiento del sistema de atención, las internaciones y los recursos disponibles para acompañar a las personas con padecimientos psíquicos. Ayelén Espíndola, psicóloga e integrante del Colegio de Psicólogos de Chubut, planteó que antes de avanzar con una reforma es necesario analizar las dificultades que enfrenta la implementación de la normativa vigente.

En diálogo con Actualidad 2.0 por Radio Del Mar, Espíndola explicó que la iniciativa de modificación se presentó en reiteradas oportunidades y consideró que uno de los principales problemas de la discusión es atribuir las falencias del sistema exclusivamente a la ley, sin contemplar la falta de financiamiento para ponerla en práctica.

“Cuando se dice que hay que modificarla porque no se cumple o no funciona, nunca se llegó a implementar todo porque no hubo presupuesto desde que se reglamentó la ley”, señaló.

En ese sentido, recordó que la normativa establece que el presupuesto destinado a salud mental debería alcanzar el 10% del presupuesto total de salud, pero advirtió que, según su planteo, la inversión se encuentra muy por debajo de ese objetivo.

“La falta de presupuesto hace que las cosas que dice la ley no se puedan cumplir”, sostuvo, al remarcar que la ausencia de recursos también repercute en la disponibilidad de profesionales y en la creación de dispositivos intermedios para acompañar a las personas y sus familias.

Las internaciones involuntarias y el debate sobre la ley

Uno de los puntos que genera mayor discusión en torno al proyecto es la posibilidad de internar a una persona que atraviesa una crisis de salud mental, especialmente cuando existe riesgo para sí misma o para terceros.

Al referirse a casos de repercusión pública, como el del cantante Chano Charpentier, Espíndola reconoció el desgaste que atraviesan las familias que acompañan a personas con padecimientos de salud mental o consumos problemáticos. Sin embargo, aclaró que la legislación vigente sí contempla las internaciones cuando se cumplen determinados criterios.

“La ley ya prevé internaciones. Cuando una persona se tiene que internar porque hay riesgo inminente, se interna. La ley lo prevé y eso queda a cargo del equipo interdisciplinario”, explicó.

La psicóloga consideró que, en muchos casos, las dificultades para obtener respuestas están relacionadas con la falta de equipos disponibles y de dispositivos adecuados para intervenir de manera oportuna.

“Si no tenés presupuesto, vas a dar respuestas mucho más acotadas a las que tendrían que darse”, expresó.

También señaló que las internaciones involuntarias por situaciones de riesgo ya están contempladas en la normativa y cuestionó que el debate público se concentre en la supuesta imposibilidad de realizarlas, sin analizar cómo se aplican los protocolos existentes.

Cuestionamientos al cambio en los equipos de atención

Otro de los aspectos que preocupa a la profesional es la propuesta de modificar la participación de los equipos interdisciplinarios en las decisiones vinculadas con las internaciones.

Según explicó, el esquema vigente contempla la intervención de profesionales de distintas disciplinas, con las firmas correspondientes para evaluar cada situación. En cambio, advirtió que la reforma podría otorgar mayor centralidad a médicos y psiquiatras.

“Habiendo tan reducidos profesionales de la psiquiatría, complica más las intervenciones en vez de colaborar como ahora se pueden hacer”, afirmó.

Para Espíndola, el cambio podría profundizar la medicalización de la salud mental y reducir la participación de otras disciplinas en el abordaje de cada caso.

“Vuelve a poner a la medicina como la práctica en el centro de las decisiones, cuando tienen que ser de equipos interdisciplinarios”, sostuvo.

Desde su perspectiva, revisar una ley puede ser necesario para analizar dificultades concretas de su aplicación, pero advirtió que las modificaciones propuestas podrían significar un retroceso respecto de los avances alcanzados en materia de derechos y atención comunitaria.

El derecho a vivir en comunidad

Espíndola recordó que uno de los principios centrales de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 es promover la atención en la comunidad y evitar que el encierro sea la respuesta generalizada ante un diagnóstico.

En ese marco, explicó que la normativa busca que las personas con padecimientos de salud mental puedan acceder a una vivienda digna, un trabajo y otros derechos, sin que un diagnóstico se convierta en una barrera para desarrollar su vida.

La profesional también hizo referencia a las familias que atraviesan situaciones complejas y que, ante la falta de respuestas, pueden sentir que el sistema no funciona.

Reconoció que ese malestar existe, pero sostuvo que es necesario diferenciar las limitaciones de la ley de las dificultades que genera la falta de recursos para garantizar su cumplimiento.

“No es que no hay que revisar la ley, porque seguramente hay cosas que hay que charlar. Pero se están haciendo reformas de cuestiones que sí funcionan”, señaló.

Prevención del suicidio: “Es una problemática de todas, todos y todes”

Durante la entrevista, la psicóloga también se refirió a las situaciones de intentos de suicidio registradas en la ciudad y a la importancia de fortalecer las redes de acompañamiento comunitario.

Espíndola remarcó que cualquier persona puede tener un papel importante al advertir que alguien atraviesa un momento difícil, escucharla y ayudarla a encontrar asistencia profesional.

“Cualquier persona que escucha a alguien sentirse mal le puede preguntar si necesita ayuda. No tiene que salvarle la vida, pero sí puede referirlo a alguna institución”, expresó.

Además, destacó la importancia de hablar sobre el propio malestar y buscar ayuda antes de que una situación se agrave. En ese sentido, mencionó el 107 como una vía para solicitar asistencia ante una emergencia y el 102 para situaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes.

La profesional también planteó la necesidad de generar espacios de participación para que la comunidad pueda expresar qué necesita, qué dificultades encuentra al buscar atención y qué respuestas todavía no están disponibles.

En esa línea, propuso avanzar en un foro participativo de salud mental que reúna a distintos sectores y permita identificar necesidades y construir alternativas de acompañamiento.

“Las personas que llegan a intentar quitarse la vida es porque no quieren vivir más así, porque no encuentran una opción amable, más vivible, una vida digna de vivir”, reflexionó.

Finalmente, remarcó la importancia de fortalecer el trabajo comunitario y la articulación entre instituciones, profesionales y organismos públicos para que quienes atraviesan situaciones de sufrimiento puedan encontrar ayuda y alternativas de atención.

“Estamos todos atravesados por distintos malestares, en mayor o menor medida. Hay que empezar a encontrar opciones en comunidad”, concluyó.