Una vez más, jubilados y jubiladas que se manifestaban pacíficamente frente al Congreso fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad. La protesta se realiza todos los miércoles para reclamar aumentos en los haberes, la restitución de medicamentos gratuitos del PAMI y en rechazo al veto presidencial a la ley que otorgaba una mejora en los ingresos.

La respuesta del Gobierno volvió a ser violenta. Gendarmería, Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria aplicaron el protocolo antipiquetes ordenado por la ministra Patricia Bullrich: lanzaron gases lacrimógenos y golpearon a quienes participaban de la protesta.

“¿Qué vienen a hacer? A pegarle a los viejos. Yo no tengo miedo, miedo tienen que tener ellos de nosotros. Vamos a seguir viniendo, porque es un derecho que tenemos que seguir luchando”, dijo Ana María Tapia, del colectivo Jubiladxs Insurgentes. “Que me enseñen cómo vivimos con 300 mil pesos por mes”, agregó.

Tapia también habló por otros compañeros: “Yo todavía tengo mi casa y puedo comer. Pero hay muchos que no tienen nada. Están enfermos y ya no tienen ni los medicamentos que antes eran un derecho”.

El padre “Paco” Olveira también participó de la marcha y criticó la represión: “Milei escuchó al arzobispo el domingo, que dijo que no es la represión, es el diálogo. Pero parece que no entendieron”.

También atacaron a la prensa

Como en otras protestas, la policía también agredió a periodistas y fotógrafos que cubrían lo que ocurría. Antonio Becerra, reportero gráfico de Tiempo Argentino, fue afectado por los gases.

La semana pasada ya habían sido heridos trabajadores de La Nación+ y El Destape. También detuvieron a varios fotógrafos, rompieron cámaras y golpearon a reporteros. En marzo, un fotógrafo fue herido en la cabeza con un cartucho de gas y debió ser operado recientemente por complicaciones.

Organizaciones sociales y gremiales volvieron a denunciar el uso desmedido de la fuerza y exigieron que se respete el derecho a protestar, especialmente para los sectores más vulnerables.