En diálogo con La Tribuna por Radio del Mar, Morabito sostuvo que la modificación implica “un cambio de paradigma” respecto del régimen que se aplicó durante los últimos 45 años y anticipó que podría generar una expansión de la intervención penal sobre adolescentes.

“Sin dudas que ahora que la ley bajó la edad a 14 años se espera un crecimiento, una expansión punitiva y también un crecimiento de los casos que ingresan a los tribunales”, señaló.

El magistrado puso especial énfasis en el impacto que podría tener la nueva normativa sobre delitos considerados de menor gravedad. Explicó que, a partir de la entrada en vigencia del nuevo régimen, adolescentes de entre 14 y 18 años podrán quedar alcanzados por el sistema penal ante distintos tipos de delitos.

“Los delitos más leves” podrían convertirse en una de las principales preocupaciones, señaló Morabito, y mencionó como ejemplos las lesiones leves, daños e incluso determinados delitos cometidos a través de redes sociales.

“Una ley penal jamás va a ser la solución al delito”

Para el juez catamarqueño, la discusión no debería centrarse únicamente en la respuesta penal. “Una ley penal, sea la ley penal que sea, sea para adultos o para personas menores de edad, sobre todo para personas menores de edad, será una respuesta al delito, pero jamás va a ser la solución al delito”, afirmó.

En ese sentido, planteó que el Estado debería intervenir sobre las condiciones sociales que atraviesan a niños, niñas y adolescentes antes de que se produzca el delito.

Morabito mencionó, entre otros factores, la pobreza, la indigencia, las dificultades para acceder a bienes básicos y el consumo problemático de drogas. Según datos que atribuyó a UNICEF, sostuvo que tres de cada diez chicos son indigentes y siete de cada diez son pobres.

“Argentina tiene que dejar de trabajar sobre los efectos del delito”, consideró, y remarcó que la justicia interviene cuando el conflicto ya está instalado y existen víctimas y victimarios.

Adolescentes de 14 años y el desafío de comprender el proceso penal

Otro de los puntos señalados por el magistrado fue la capacidad de los adolescentes más jóvenes para comprender las consecuencias de sus actos y los procedimientos judiciales.

Morabito citó la Observación General N° 24 del Comité de los Derechos del Niño y explicó que los adolescentes de edades tempranas pueden no comprender plenamente los procedimientos judiciales ni algunas de las consecuencias de sus conductas.

“Esto no lo dicen jueces ni abogados, lo dice la neurociencia”, sostuvo.

En ese contexto, remarcó la importancia de contar con operadores judiciales especializados y con estructuras adecuadas para abordar los casos que ingresen al sistema penal juvenil.

“El bullying no es un delito”

Durante la entrevista también fue consultado por situaciones de bullying y su posible impacto dentro del nuevo régimen.

Morabito aclaró que el bullying no constituye por sí mismo un delito en Argentina, aunque sí pueden serlo algunas de sus consecuencias, como lesiones físicas, psicológicas u otros daños que puedan configurarse jurídicamente.

El juez pidió evitar tanto la estigmatización como la idealización de los adolescentes que transgreden la ley.

“No hay que subestimar a los adolescentes, ni tampoco se trata de romantizar el delito adolescente, ni angelizarlos, ni demonizarlos. Simplemente son sujetos de derecho”, afirmó.

A partir de la entrada en vigencia del nuevo régimen, sostuvo que las transgresiones deberán tener una respuesta desde el sistema penal, pero insistió en que la prevención continúa siendo fundamental.

“Hay que educar a los jóvenes, hay que educarlos con autoridad, con límite, y poder conversar y dialogar con ellos”, planteó.

El desafío de la resocialización

Consultado sobre la capacidad del sistema para resocializar a los adolescentes que ingresen en instituciones de privación de libertad, Morabito manifestó sus reparos y recordó que la privación de libertad no implica la pérdida de otros derechos.

En ese sentido, sostuvo que los adolescentes privados de su libertad deben mantener el acceso a la educación, alimentación, salud y contacto con sus familias, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.

También advirtió que el incumplimiento de esas garantías puede generar responsabilidad internacional para el Estado argentino.

Un llamado a las familias

Hacia el final de la entrevista, Morabito dejó un mensaje dirigido especialmente a padres y madres: fortalecer el diálogo con los adolescentes y establecer límites antes de que intervenga el Estado.

“Que charlen con los chicos, que hablen con los chicos, que dialoguen, que conversen mucho”, pidió.

El magistrado sostuvo que es necesario generar vínculos de confianza para evitar que una transgresión termine llevando a un adolescente al sistema penal y deje una etiqueta difícil de borrar.

“Antes de que los límites los pueda llegar a poner el Estado, es necesario que lo ponga a tiempo un padre y una madre”, afirmó.

También se dirigió directamente a los adolescentes y los alentó a transitar esa etapa de la vida de manera saludable, sin necesidad de recurrir al consumo de alcohol o drogas para divertirse.

La entrada en vigencia del nuevo régimen abrirá ahora un período de adaptación para los sistemas judiciales provinciales. En el caso de Chubut, el debate también estará atravesado por la necesidad de contar con jueces especializados, espacios adecuados y herramientas específicas para intervenir ante adolescentes en conflicto con la ley penal.