Una conmovedora y desesperada movilización civil logró destrabar una causa judicial que permanecía paralizada en la provincia de Salta. Mariana Aranda, una mujer que sufrió la pérdida de su hija y de su nieta en el marco de una intervención quirúrgica, completó una histórica travesía a pie de más de 300 kilómetros para exigir el esclarecimiento de los hechos ante la aparente inacción de las autoridades.

La medida de fuerza extrema comenzó a dar sus primeros resultados institucionales a raíz del impacto público del reclamo. El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, recibió formalmente a la damnificada para escuchar las denuncias por presunta mala praxis médica ocurridas en el interior de la clínica San Antonio, donde fallecieron Valentina Cabana y la pequeña Isabelle Evangeline Cabana.

El arribo de Aranda a la capital salteña se había concretado el pasado martes 16 de junio, luego de transitar las rutas provinciales a pie con el único objetivo de hacer oír su pedido de justicia. En esa primera instancia, fue atendida por el coordinador general de fiscales del Ministerio Público Fiscal, Pablo Rivero, junto a sus asesores letrados, ante quienes expuso las severas irregularidades y la falta de avances en el expediente tras más de ocho meses del luctuoso episodio.

Luego de analizar de forma exhaustiva las actuaciones previas y contemplando la extrema gravedad de las circunstancias, la Procuración General dictó la Resolución N° 1739/26. Mediante este instrumento legal, se dispuso de forma inmediata quitar la causa de la órbita común y asignarla a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N° 1 del Distrito Judicial Centro.

La investigación penal quedó formalmente bajo la dirección del fiscal especializado Santiago López Soto, quien tendrá a su cargo la ejecución de las nuevas medidas tendientes a propiciar el esclarecimiento definitivo del caso. No obstante, desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que todas las cuestiones procesales y los requerimientos futuros que inste el fiscal de la causa deberán ser resueltos por el Juez de Garantías interviniente.