La Justicia ordenó el secreto de sumario en la causa que investiga el triple femicidio de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. La medida se tomó luego de las declaraciones de Lázaro Víctor Sotacuro y su sobrina, Florencia Ibáñez, ambos detenidos e imputados en el expediente a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza.
De acuerdo con fuentes judiciales, tras comparecer ante el fiscal, los acusados fueron derivados a distintos penales. El abogado defensor de ambos, Guillermo Endi, aseguró que las exposiciones fueron “satisfactorias” y señaló que su cliente masculino “tiene más temor que Florencia porque percibe la magnitud de la investigación”. Además, denunció que Sotacuro presenta lesiones en una mano y pidió peritajes médicos para determinar si fueron producto de la detención, como sostiene la defensa.
La investigación judicial indica que Ibáñez se movilizó en un Volkswagen Fox, vehículo que aparece en registros de cámaras de seguridad como apoyo al Chevrolet Tracker, presuntamente utilizado para trasladar a las víctimas.
Sotacuro, de 41 años, había sido capturado en la ciudad boliviana de Villazón, en un operativo conjunto entre la Brigada de Investigaciones de La Quiaca e Interpol. Tras su entrega a las autoridades argentinas, fue alojado en el penal de Gorriti, en San Salvador de Jujuy.
La hipótesis del fiscal
El fiscal Arribas elaboró una hipótesis que involucra a cuatro de los siete detenidos y a dos prófugos, identificados como “Pequeño Jota” y Matías Agustín Ozorio. Según el expediente, entre el 19 y el 23 de septiembre, en una vivienda de Villa Vatteone, las tres mujeres fueron asesinadas a través de golpes y cortes con armas blancas. El escrito detalla que el ataque fue perpetrado “a traición y sobre seguro”, con el fin de aumentar el sufrimiento de las víctimas.
Los cuerpos fueron enterrados en el patio de la vivienda para ocultar pruebas, según la reconstrucción judicial.
El fiscal también sostiene una hipótesis secundaria, que vincula a Maximiliano Andrés Parra y Daniela Iara Ibarra en tareas de encubrimiento. Ambos habrían colaborado con Celeste Magalí González Guerrero para limpiar y alterar la escena del crimen con el objetivo de borrar rastros e impedir la investigación judicial.
Con siete imputados y dos personas aún prófugas, la causa continúa bajo secreto de sumario mientras avanzan las pericias y declaraciones.
