El exjefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, presentó formalmente su descargo patrimonial ante los tribunales federales de Comodoro Py en el marco de la investigación que encabeza el fiscal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito. El requerimiento judicial se originó a partir de inconsistencias detectadas por unos $43 millones y un flujo de USD 402.578 sin correlato inicial en sus ingresos lícitos declarados.

A través de una presentación de 78 páginas y tres anexos confeccionada por su abogado defensor, Matías Ledesma, el exfuncionario libertario atribuyó el origen central de sus fondos a una ganancia de USD 591.544,61 obtenida mediante la compra y venta de Bitcoin. Según la presentación, dicho capital comenzó a formarse en 2014 y tuvo su mayor desembolso en 2017 por casi USD 200.000, producto de ahorros personales y conyugales acumulados durante más de una década en el ejercicio privado de su profesión y mantenidos fuera del circuito bancario formal.

El escrito detalla que las transacciones se realizaron bajo la modalidad peer-to-peer (encuentros presenciales en efectivo y en espacios públicos), ante la falta de exchanges locales regulados en aquel período. La liquidación de los activos se habría concretado a fines de 2017, quedando un saldo remanente a fines de 2025 de USD 209.961 tras afrontar gastos inmobiliarios, remodelaciones y viajes desde su llegada a la función pública en diciembre de 2023.

Para respaldar la tenencia de las ocho billeteras virtuales de autocustodia informadas —que por diseño no registran identidad ni titularidad nominativa—, la defensa consignó que el exfuncionario acreditó ante escribano público contar con las llaves privadas (contraseñas) de acceso, las cuales fueron puestas a disposición de la sede judicial en un sobre lacrado para su eventual peritaje.

Por otra parte, respecto a deudas bancarias no consignadas con posterioridad y mutuos familiares celebrados con su madre y otra familiar directa, el descargo argumentó la existencia de “errores materiales” de carga subsanados mediante declaraciones juradas rectificativas ante el fisco, y remarcó la validez del Código Civil para acuerdos informales entre parientes directos. Tras la presentación del descargo, el fiscal Pollicita evaluará la consistencia de las pruebas aportadas para determinar si requiere formalmente la indagatoria ante el juez interviniente.